Activistas católicos renuevan llamado a abolir la pena capital después de "año de ejecuciones fallid

Por Kate Scanlon 

WASHINGTON (OSV News) -- Después de que un informe denominara al 2022 como "el año de la ejecución fallida", los activistas católicos renovaron sus llamados para poner fin a la pena capital en Estados Unidos, tanto a nivel estatal como federal.

A pesar de la disminución del apoyo público a la práctica y de la promesa de campaña del presidente Joe Biden, católico y demócrata, de derogar la pena de muerte federal, un proyecto de ley para hacerlo ganó poca fuerza en el último Congreso, cuando los demócratas aún controlaban ambas cámaras. 

En su encíclica de 2020 "Fratelli Tutti", el Papa Francisco citó al Papa San Juan Pablo II, quien dijo que [en la encíclica "Evangelium vitae"] "declaró clara y firmemente que la pena de muerte es inadecuada desde un punto de vista moral y ya no es necesaria desde el punto de vista de la justicia penal".

"No se puede dar un paso atrás en esta posición", escribió el Papa Francisco. "Hoy afirmamos claramente que 'la pena de muerte es inadmisible' y la Iglesia está firmemente comprometida a pedir su abolición en todo el mundo".

El Santo Padre también revisó el Catecismo de la Iglesia Católica (CCC 2267) para reflejar esa posición en el 2018.

En un informe del 16 de diciembre, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (o DPIC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington que estudia la pena capital, encontró que siete de las 20 ejecuciones que tuvieron lugar el año pasado -- es decir, el 35% -- fueron "visiblemente problemáticas" debido a la "incompetencia del ejecutor, fallas en el seguimiento del protocolo, o defectos en los protocolos mismos".

Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC, expresó en un comunicado que acompaña al informe que "después de 40 años, los estados han demostrado ser incapaces de llevar a cabo inyecciones letales sin el riesgo de fallar".

"Las familias de las víctimas y los prisioneros, otros testigos de la ejecución, y el personal penitenciario no deben sufrir el trauma de una ejecución que salió mal", sostuvo Dunham.

Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network, un grupo que se opone a la pena capital, dijo a OSV News que ocurrieron "numerosas ejecuciones fallidas y problemáticas" el año pasado.

"En Alabama y en otros lugares, estas ejecuciones fallidas han llevado a una evaluación de la ética y la eficacia de la muerte sancionada por el estado. Tales revisiones a menudo se ocultan detrás de un velo de secreto", dijo Vaillancourt Murphy.

En noviembre de 2022, luego de las ejecuciones fallidas consecutivas de Alan Miller y Kenneth Smith, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, emitió una orden para suspender todas las ejecuciones en el estado mientras el estado lleva a cabo "una revisión total" del protocolo de inyección letal. Sin embargo, la declaración de Ivey del 22 de noviembre dejó en claro que ella no ha cambiado su punto de vista sobre el apoyo a la práctica, presentando el asunto como una forma de "garantizar que los culpables de perpetrar los crímenes más atroces en nuestra sociedad reciban su castigo".

Pero Vaillancourt Murphy señaló que Alabama es un estado que tomó medidas para restringir el aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera su decisión en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization en junio de 2022. 

"Como estado que se ve a sí mismo como defensor de la vida, reevaluar su insistencia en la pena de muerte es un paso importante hacia la consistencia pro-vida", acotó.

La representante demócrata Ayanna Pressley y el senador Dick Durbin presentaron en el Congreso un proyecto de ley en 2021, la Ley Federal de Prohibición de la Pena de Muerte, con un copatrocinador republicano pro-vida, el representante Peter Meijer de Michigan. Pero el proyecto de ley no fue aceptado ni por la Cámara ni por el Senado.

Históricamente, los republicanos han apoyado la pena capital, pero un número creciente de legisladores estatales republicanos están apoyando los esfuerzos para derogar la pena de muerte en sus estados. Según el grupo Conservatives Concerned About the Death Penalty, ocho estados tenían proyectos de ley patrocinados por los republicanos para derogar la pena de muerte, presentados durante sus sesiones legislativas el año pasado: Georgia, Kansas, Kentucky, Missouri, Ohio, Pensilvania, Utah, y el estado de Washington.

Ese cambio entre los legisladores republicanos estatales coincide con un cambio en las perspectivas de los votantes sobre la práctica. Una encuesta de Gallup del 14 de noviembre encontró que el apoyo a la pena de muerte era del 55 por ciento el año pasado, una disminución significativa desde 1994, cuando la encuesta registró su máximo histórico del 80 por ciento.

Vaillancourt Murphy señaló que "terminar con la pena de muerte ya no se considera un problema unilateral demócrata o republicano".

"Durante los últimos años, los líderes de ambos partidos han tenido un papel fundamental en el avance de los esfuerzos para abolir la pena capital", dijo. "A los legisladores de ambos lados les resulta difícil ignorar las fallas morales y prácticas de la pena de muerte".

Citando algunos de los estados donde los legisladores republicanos han respaldado los esfuerzos de derogación, Vaillancourt Murphy dijo: "Muchos legisladores que profesan valores pro-vida están reconociendo que honrar la dignidad de la vida debe extenderse a los condenados a muerte".

"Estamos llamados a defender la santidad de la vida tanto para los inocentes como para los culpables", indicó.

También señaló que algunos republicanos se oponen a la práctica como gasto derrochador. "La pena de muerte es mucho más costosa en comparación con las sentencias alternativas", dijo. "Para muchos conservadores que promocionan el valor de la responsabilidad fiscal, la pena capital es simplemente irresponsable".

La administración de Biden ordenó en 2021 una moratoria en la ejecución de sentencias de muerte federales, una política que ha detenido, pero no ha puesto fin a la práctica a nivel federal.

Vaillancourt Murphy elogió esa orden como "la primera vez que una administración presidencial declara una moratoria de este tipo", pero la pausa deja espacio para que el eventual sucesor de Biden pueda revertir la orden. Señaló que la administración anterior reinició las ejecuciones federales después de una pausa de 17 años y procedió a ejecutar a 13 personas. 

"Mirando hacia el futuro, el presidente Biden tiene la oportunidad de tomar medidas más fuertes y decisivas contra la pena de muerte federal, específicamente puede conmutar las sentencias de aquellos que se encuentran en el corredor de la muerte federal", dijo Vaillancourt Murphy. "Dada la rapidez con la que la última administración reinició las ejecuciones federales, es fundamental que se conmuten estas sentencias; de lo contrario, reconocemos que las vidas siguen en peligro".