Search
-
September 8, 2023Por Kimberley Heatherington, OSV News
(OSV News) -- Es una imagen cada vez más familiar en muchas ciudades y pueblos de Estados Unidos: montones de pertenencias personales tiradas bruscamente en la acera, mientras otra familia pierde su casa.
Cuando las protecciones contra el desalojo de la era del coronavirus están expirando en todo el país y las exenciones del pago del alquiler no muy lejos, la ya precaria situación de muchos estadounidenses con bajos ingresos está a punto de empeorar, especialmente en Los Ángeles, donde los costos de la vivienda son de los más elevados del país.
"Estamos realmente ante un efecto dominó de lo que debería haberse abordado hace unos años, o incluso más", dijo Michael Donaldson, director de la Oficina de Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Los Ángeles.
"Se trata de familias, de niños, que necesitan viviendas accesibles", explicó Donaldson. "Tienen varios trabajos, pero la vivienda es muy cara".
El alquiler mensual de un pequeño apartamento de un dormitorio en Los Ángeles puede ser de 2.000 a 3.000 dólares, dijo Donaldson, "y eso no es suficiente para una familia, así que si se pasa a dos o tres dormitorios, el pago se eleva a 4.000 ó 5.000 dólares, sólo por un apartamento".
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. considera que 66.750 dólares al año son "ingresos bajos" para un hogar unipersonal en el condado de Los Ángeles. Un estudio realizado en marzo de 2023 por el sitio web financiero Smart Asset -- utilizando la Calculadora de Salario Digno del MIT-- estima que un residente de Los Ángeles sin hijos necesita 76.710 dólares de ingresos después de impuestos para vivienda, alimentación, transporte, atención médica y más.
El Instituto de Políticas Públicas de California señala que las profesiones con mayor índice de pobreza -- limpieza, agricultura, preparación de alimentos y cuidados personales -- tienen un salario promedio por hora de 20.14 dólares en todo el estado o 41.891 dólares anuales.
El alquiler promedio en Los Ángeles, según Zillow Rental Manager, es de 2.950 dólares al mes para todos los tipos de propiedad o 35.400 dólares al año.
La disparidad es obvia y el impacto profundo.
En junio de 2023, la Universidad de California en San Francisco publicó el mayor estudio representativo sobre los desamparados en Estados Unidos desde mediados de los años noventa: California Statewide Study of People Experiencing Homelessness (Estudio estatal de California sobre las personas sin hogar). El informe observa: "Para la mayoría de los participantes, el costo de la vivienda se había vuelto sencillamente insostenible... y la mayoría creía que los subsidios al alquiler o una ayuda económica en una ocasión habrían evitado que se quedaran sin hogar".
El Papa Francisco comentó los problemas mundiales de vivienda en su encíclica de 2015 "Laudato Si'": "La falta de vivienda es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda", dijo el pontífice.
"No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias".
"Creo que la gente quiere estigmatizar a quienes acaban sin vivienda", afirmó Donaldson subrayando que "son miembros de nuestra sociedad. Cuando nos fijamos en nuestra doctrina social católica, tenemos que volver a los fundamentos y raíces de lo que somos: todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Debería haber alguna forma de solidaridad y bien común cuando buscamos lo que tenemos que hacer dentro de nuestra comunidad".
En la Arquidiócesis de Los Ángeles, esa solidaridad se ha expresado a través de la creación de redes organizativas tanto con los organizadores como con las organizaciones de la comunidad. "La arquidiócesis sabe que se necesita a toda la comunidad para marcar la diferencia", dijo Donaldson. "Sabemos que crear redes va a ser una de las medidas para ayudar a las personas que acabarán enfrentándose al desalojo".
Dentro de esa red está LA Voice, una organización de servicios sociales de varias corrientes religiosas con sede en todo el condado de Los Ángeles, que abarca cinco distritos supervisores del condado, 28 ciudades y 65 congregaciones.
"Son todas estas cosas que se unen: la inestabilidad económica general de las familias trabajadoras y el fin de las protecciones contra la pandemia", dijo el reverendo Zach Hoover, director ejecutivo de LA Voice y ministro ordenado de la Iglesia Bautista Estadounidense. "Incluso en la ciudad de LA -- donde tienes algunas de las mejores protecciones en el estado -- estás viendo gente que va a estar en riesgo de desalojo, porque no hay manera de que puedan alcanzar a los 6.000 dólares por su cuenta, incluso si son capaces de pagar su mes a mes en este momento".
En marzo de 2020, el Congreso aprobó la Ley CARES, que incluía una moratoria en las solicitudes de desalojo para los inquilinos de ciertas propiedades de alquiler con ayuda federal o financiación relacionada con el gobierno federal. Estos inquilinos representan el 28% de los aproximadamente 43 millones de inquilinos del país.
Pero como señaló el Servicio de Investigación del Congreso en un documento "Insight" de abril de 2020, "no está claro si se producirá una oleada de desalojos al final de la moratoria. Las decisiones de desalojo de los propietarios probablemente se verán afectadas por las condiciones del mercado de alquiler local en ese momento, incluido el grado en que otros inquilinos hayan experimentado dificultades financieras durante la pandemia y si los propietarios pueden negociar con éxito planes de pago con los inquilinos".
Para Hoover y sus colegas, esa oleada de desalojos es ahora.
"Se prevé toda una oleada de desalojos", dijo a OSV News, haciéndose eco del documento del CRS. "Ayer hablé con una mujer que tiene tres hijos. Actualmente no está siendo desalojada; sin embargo, está alquilando un dormitorio a una pareja de ancianos que apenas pueden pagar el alquiler. Y la pareja de ancianos está durmiendo en el sofá, la madre y sus tres hijos están durmiendo en un dormitorio, y todos están compartiendo un baño", explicó Hoover. "Y le cuesta 900 dólares al mes. Trabaja limpiando casas".
La estrategia de LA Voice y otros defensores de la vivienda accesible implica lo que Hoover llama "las tres P": Producción de nuevas viviendas, conservación de viviendas asequibles (preservación en inglés) y protección frente al desalojo.
La Comisión Nacional de Vivienda para personas de bajos ingresos informa que "ningún estado tiene una oferta adecuada de viviendas de alquiler asequibles para los inquilinos con ingresos más bajos". En la zona de Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, hay 20 unidades de alquiler a precio accesible disponibles por cada 100 hogares con ingresos extremadamente bajos, lo que supone un déficit de vivienda de 392.156 unidades.
"Si no se construyen viviendas asequibles cerca de los puestos de trabajo de la gente -- viviendas que puedan pagarse con los trabajos que realizan -- lo que el sistema está diciendo básicamente es que, en realidad, no nos importa que puedan vivir cerca", declaró Hoover. "Algunos funcionarios electos -- desgraciadamente no los suficientes -- están conectando definitivamente los puntos entre el desalojo, el aumento de los alquileres, las presiones sobre las familias y la falta de vivienda".
Entre esos políticos, dijo Hoover, se encuentra la senadora estatal María Elena Durazo, demócrata que representa al Distrito 26 de California.
"Estamos experimentando una crisis de personas sin hogar en California", dijo Durazo a OSV News en un correo electrónico. "Hemos tenido un aumento del 10% de personas que se han quedado sin hogar entre 2022 y 2023, y del 31% desde 2010. Además, las protecciones a los inquilinos de la era COVID acaban de terminar y miles de avisos de desalojo fueron presentados por los propietarios en mi distrito", agregó. "Instamos a la gente en el área de Los Ángeles a buscar ayuda a través de los servicios disponibles por la ciudad y las organizaciones de derechos de los inquilinos antes de empacar y dejar sus hogares. Mi proyecto de ley 567 del Senado, un proyecto de ley de prevención de la falta de vivienda, cerrará las lagunas jurídicas que permiten los desalojos ilegales y proporciona un mecanismo para hacer cumplir la ley”.
El distrito de Durazo incluye el barrio de Boyle Heights, donde el padre jesuita Brendan Busse dirige la Misión Dolores, una parroquia que -- desde 1925 -- sirve a la comunidad pobre e inmigrante de "los Flats", al este del centro de Los Ángeles.
"Creo que la crisis de los desalojos ha sido durante mucho tiempo la crisis de las personas al borde de quedarse sin hogar", afirma el padre Busse. "Y si no se abordan las brechas de ingresos y salarios, entonces tienes esta población constante que está viviendo al borde, y no se necesita mucho para dejarlos sin hogar -- especialmente cuando se están eliminando las protecciones contra el desalojo".
Las protecciones contra el desalojo finalizaron el 1 de agosto en Los Ángeles. El día anterior, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aconsejó a los ciudadanos: "Nuestro mensaje de hoy a los angelinos es claro: no se autodesaloje. Si reciben una notificación, presenten una respuesta, y lo más importante, acudan a la ciudad en busca de apoyo".
"Hay una brecha entre la vivienda pública, o vivienda subsidiada, y la vivienda asequible", señaló el padre Busse, añadiendo que es cada vez mayor para su rebaño. "Gran parte de la conversación gira en torno a la creación de más viviendas asequibles. Pero si somos sinceros, lo que la gente entiende por asequible no siempre es lo mismo. Así que si calculamos 'asequible' en función de los ingresos medios en Los Ángeles, explicó, "eso no va a llegar de ninguna manera cerca del profundamente bajo ingreso de la gente que vive en una parroquia como Dolores Mission".
Una pobreza tan profunda crea una procesión incesante de decisiones difíciles.
"¿Compro leche o huevos?", dice el padre Busse. "¿Compro algo de esto? Sé que me va a llegar una factura médica".
Aunque no hay respuestas fáciles, la intensa experiencia del padre Busse con los pobres le hace estar seguro de algunas cosas.
"No es sólo un problema social; no es sólo un problema político: es realmente un reto espiritual abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas", exhortó el padre Busse. "Y cada vez es más obvio que son nuestras hermanas y hermanos -- no se trata de alguien que sufre en una costa lejana -- y está claro que es aquí justamente en nuestras propias ciudades".