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August 30, 2022Vatican News
Como desaparición forzada la ONU se refiere al “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes gubernamentales o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992.
Un problema mundial que lacera a la víctima y a su comunidad
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Si bien es cierto que las desapariciones forzadas, surgieron como producto de las dictaduras militares, hoy en día pueden darse como consecuencia de conflictos internos, conflictos armados, violencia social, estatal y la migración. En este sentido, debido al aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, en diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Y por ello, decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
El Papa: reconocer los derechos de los “invisibles”
Ante este problema mundial, la Iglesia ha renovado en diversas ocasiones su fuerte llamamiento a defender siempre la dignidad y la centralidad de toda persona, el respeto de los derechos fundamentales, como se destaca en la doctrina social de la Iglesia, pidiendo que se extienda realmente hasta donde no se les reconocen los derechos a millones de hombres y mujeres en todos los continentes, tal como lo afirmó el Papa Francisco en 2013, en la Profesión de Fe con los Obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Asimismo, el Santo Padre nos invita a que contribuyamos con coraje y determinación, a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las “invisibles”: de los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos, que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados (Los derechos humanos en el mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones).
La Iglesia promueve el respeto de los derechos de todos
La Iglesia también ha exhortado a los gobernantes en el cumplimiento de sus funciones, para investigar y procesar a los responsables de este crimen por medio de un juicio justo; que creen legislaciones que reconozcan la dignidad de la persona, evitando vacíos legales que generen corrupción; lo cual, priva a las personas de las garantías necesarias para su desarrollo y bienestar. Las desapariciones forzadas de las personas es una cruel violación a los derechos humanos, debido a la brutalidad de sus conductas constitutivas y a la pluralidad de víctimas que involucra, pues la persona desaparecida no es la única afectada por este crimen dado que su comisión involucra los derechos de los familiares y personas cercanas; por lo que, como cristianos debemos de comprender que esta necesidad de justicia y solidaridad tiene un significado especial para cada uno de nosotros.
La situación de las desapariciones en América Latina
Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2021. Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile entran junto con Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años. El informe también revela que, en América Latina, la mayor parte de las desapariciones forzadas se dieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números fueron también relevantes en periodos democráticos.
Centroamérica
La situación de las desapariciones forzadas en Centroamérica tiene que ver principalmente con dos problemas: la desaparición de migrantes por agentes migratorios, policías o militares dentro de México, y la desaparición de personas dentro de sus propios países. Por ejemplo, en Guatemala hay registrados 45,000 casos de desaparición forzada y 15,000 asesinatos políticamente motivados, durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia. En El Salvador, las desapariciones forzadas fueron una forma de borrar crímenes, de acuerdo con una investigación realizada por la comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABÚSQUEDA). Los crímenes, según señala la investigación, fueron perpetrados en su mayoría por los cuerpos de seguridad militar de la época. En la actualidad el problema en Centroamérica no ha desaparecido.
México
Según el informe, entre las solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), 49% provienen de Irak y 42% de México. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no pasó en el siglo XX por una dictadura militar. Las desapariciones dentro del país, más de 85,000 de acuerdo con cifras oficiales, suelen ser adjudicadas al crimen organizado, por lo que es muy difícil determinar en qué momento se trata de desaparición forzada. Uno de los casos que atrajo más atención internacional fue el de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. En noviembre de 2020 la Fiscalía General de la República Mexicana reclasificó el crimen de secuestro a desaparición forzada, lo cual abrió la puerta para juzgar a policías y militares involucrados.
Sudamérica
En el caso de Sudamérica, Colombia posee el mayor número de desapariciones forzadas debido al conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las cifras oficiales señalan que hubo 47,259 víctimas de desaparición directa y más de 120,000 indirectas. El 51.4% de los casos de desaparición forzada en Colombia tuvieron un perpetrador anónimo. Entre el restante 49.6%, el mayor número de perpetradores provenían de grupos paramilitares (46.1%).
En Argentina, durante el llamado “Proceso de reorganización nacional” entre 1976 y 1983 desaparecieron miles de personas. Hay una polémica respecto a las cifras puesto que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas señala que hubo 9,000 desaparecidos, mientras que algunas organizaciones civiles y actores políticos la elevan a 30,000. Desprendido de estas desapariciones surgió en 1977 el grupo conocido como las “Madres de la plaza de mayo” que buscaban a sus hijos y, posteriormente, juicio sobre los responsables de sus desapariciones.
En Perú, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una lista de personas desaparecidas entre 1980 y el 2000. De entre las 20,329 personas en la lista, al momento de publicarla únicamente 865 habían sido encontradas y restituidas a sus familiares para su sepultura. De acuerdo con un estudio de 2021 de la comisión internacional de juristas, sólo 47 de los más de 20,000 casos han tenido una sentencia judicial.