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December 13, 2022Por David Agren, Catholic News Service
CIUDAD DE MEXICO (CNS) -- Según un informe de un par de grupos de derechos humanos, el ataque masivo contra pandillas en El Salvador ha dado lugar a continuos abusos contra los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.
"La campaña de arrestos masivos e indiscriminados de las autoridades ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexiones aparentes con las actividades abusivas de las pandillas”, dijo un comunicado publicado el 7 de diciembre por Human Rights Watch y el grupo salvadoreño de derechos humanos Cristosal. "En muchos casos, las detenciones parecen basarse en la apariencia y el origen social de los detenidos, o en pruebas cuestionables, como llamadas anónimas y denuncias no corroboradas en las redes sociales".
El informe documenta abusos generalizados cometidos por las fuerzas de seguridad del país centroamericano después de que el presidente Nayib Bukele declarara un estado de emergencia a fines de marzo en respuesta a una ola de violencia de pandillas.
"Descubrimos que las violaciones de los derechos humanos no fueron incidentes aislados por parte de agentes deshonestos. Más bien, violaciones similares se llevaron a cabo repetidamente y en todo el país, durante un período de varios meses, tanto por parte del ejército como por parte de la policía", dice el informe.
El informe refleja la alarma internacional por el deterioro de los derechos humanos en El Salvador, al tiempo que refleja la preocupación por la concentración de poder de Bukele en la presidencia y el dominio del congreso y las cortes del país. En septiembre, Bukele anunció que buscaría la reelección, a pesar de que la constitución del país limita a los presidentes a un solo mandato de cinco años.
Bukele, de 41 años, llegó a la presidencia presentándose como moderno y progresista, pero ha sido acusado de autoritarismo ya que habitualmente menosprecia a los medios de comunicación y a los defensores de los derechos humanos, mientras silencia las voces críticas. Bukele cuenta con un índice de aprobación del 86%, según CID Gallup. Encuestas iniciales muestran apoyo para el estado de emergencia.
Una encuesta de mayo de la Universidad Centroamericana dirigida por los jesuitas encontró un 85% de apoyo al estado de emergencia, mientras que casi el 80% de los encuestados dijo que había reducido el crimen. Una encuesta posterior en noviembre de la universidad informó que el 49.8% de los encuestados expresaron dudas de que el estado de emergencia "resolverá el problema de las pandillas de una vez por todas".
El informe de derechos humanos de 89 páginas, que se basó en más de 1,100 entrevistas, documentó 58,000 arrestos entre marzo y noviembre. En muchos casos, los detenidos estaban incomunicados y sus familias desconocían su paradero. Al menos 90 personas murieron bajo custodia. A la policía se le asignaron cuotas, "requiriendo que los oficiales arrestaran a un número determinado de personas diariamente", según el informe.
"En algunos casos, los agentes se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familias, lo que constituye una desaparición forzada según el derecho internacional", dice el informe.
"Existen serias razones para cuestionar la efectividad a largo plazo de las medidas de seguridad del presidente Bukele... Las estrategias de mano dura intentadas por gobiernos anteriores han demostrado ser ineficaces y, en ocasiones, han llevado a más violencia".
Observadores en El Salvador dicen que las políticas han resultado populares debido a la percepción de que el crimen, incluidos el asesinato y la extorsión, se ha desplomado, junto con una antipatía hacia las pandillas, que se aprovechan de la población y controlan vecindarios enteros.
"Es esa combinación de pandilleros detenidos... y nuestro presidente que no reconoce la importancia de los derechos humanos... Eso es lo que lo hace popular", dijo Juan Meléndez, director en El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista. "Tenemos una vena autoritaria, por así decirlo".
El informe obtuvo un documento policial, que mostró 463 personas asesinadas en el país entre enero y octubre, una disminución del 50% con respecto al mismo período en 2021. El Salvador se clasificó como uno de los países con más asesinatos durante la década de 2010.
La disminución de la violencia en El Salvador no tiene precedentes, pero a menudo fue el resultado de treguas secretas entre el gobierno y las pandillas.
Bukele decretó el estado de emergencia el 27 de marzo después de que en un solo sábado se cometieran 62 asesinatos. El medio informativo El Faro reveló la existencia de una tregua, que se había desintegrado. Los analistas describen el uso de la violencia por parte de las pandillas como moneda de cambio, que les resultó contraproducente.
En una demostración de fuerza, el presidente desplegó recientemente 10,000 soldados en un suburbio de San Salvador plagado de pandillas durante mucho tiempo. El arzobispo José Luis Escobar Alas de San Salvador apoyó la medida y dijo a los periodistas el 4 de diciembre: "Me parece que no es solo un derecho, sino una obligación del gobierno perseguir el crimen, porque es su deber vigilar la seguridad nacional."
Un empleado de una organización católica en El Salvador, que solicitó el anonimato, dijo que la iglesia ha tenido problemas para expresarse críticamente porque los opositores del presidente han sufrido represalias, incluidos ataques en las redes sociales, auditorías sospechosas y varias amenazas.
Otros gobiernos de la región parecen estar siguiendo el enfoque de seguridad de El Salvador. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha declarado un estado de emergencia en 162 colonias para combatir las pandillas y la extorsión.
"Las medidas de excepción da más poder a los que actúan al margen de la ley y coloca en alto riesgo a población indefensa", tuiteó el padre jesuita Ismael Moreno de Honduras el 5 de diciembre. "La gente sensata del gobierno debe ayudar a que se entre en razón y se suspenda esa irresponsabilidad. Es tema de diálogo".