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February 9, 2021Por Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) -- Una alianza de presidentes de universidades y colegios y de EE. UU., incluso instituciones católicas, dicen que el proyecto de ley DREAM del 2021 "representa el primer paso para restaurar la certeza en las vidas de adultos jóvenes, estudiantes y otros" que quieren llegar a ser ciudadanos estadounidenses para formar una parte integral del país.
"Los últimos cuatro años han sido una época de tremenda adversidad para la comunidad de inmigrantes, particularmente a la luz de los múltiples intentos de terminar con DACA", la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, dijo José Magaña-Salgado, hablando en nombre de la Alianza de Presidentes sobre "Educación Superior e Inmigración".
Magaña-Salgado es el director de política y comunicaciones del grupo.
"Instamos al Senado a avanzar lo más rápidamente posible", dijo.
La alianza está formada por presidentes y otros líderes de docenas de colegios y universidades, incluidas más de 20 universidades católicas. Su misión es aumentar "la comprensión pública de cómo las políticas y prácticas de inmigración impactan a nuestros estudiantes, recintos y comunidades" y crear "un ambiente acogedor para estudiantes inmigrantes, indocumentados e internacionales en nuestros recintos".
La declaración de Magaña -Salgado siguió a la introducción de la última versión del proyecto de ley DREAM (Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros) presentada en el Senado el 4 de febrero por los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.
El nombre "Dreamers", o soñadores, se toma del título del proyecto de ley y se refiere a los adultos jóvenes que fueron traídos ilegalmente por familia a los Estados Unidos cuando eran niños y permanecen en el país bajo DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Actualmente el programa protege a unos 700,000 jóvenes de la deportación; también les permite trabajar, ir a la universidad, obtener un seguro de salud y obtener una licencia de conducir.
El programa DACA fue establecido por el presidente Barack Obama con una orden ejecutiva en 2012 para permitir que los jóvenes traídos al país ilegalmente como menores por sus padres permanezcan en los Estados Unidos.
El Congreso ha considerado antes la propuesta de la Ley DREAM. Entre otras disposiciones, otorgaría residencia temporal condicional a estos jóvenes. El proyecto fue introducido por primera vez en 2001, pero aún no ha sido aprobado. Durbin y Graham presentaron previamente el proyecto de ley el 26 de marzo de 2019.
Si se aprueba, permitiría que los beneficiarios de DACA obtengan residencia permanente legal y eventualmente la ciudadanía estadounidense si: son residentes desde hace mucho tiempo que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños; si se graduaron de una escuela secundaria u obtuvieron un GED (un diploma de equivalencia de la escuela secundaria); buscaron estudios superiores, trabajaron legalmente durante al menos tres años o participaron en el ejército; y pasaron verificaciones de antecedentes de seguridad y se les aprobó la aplicación de la ley y pagan una tarifa de solicitud.
"Está claro que solo la legislación aprobada por el Congreso puede darles a los Dreamers la oportunidad que merecen de ganarse la ciudadanía estadounidense”, dijo Durbin en un comunicado el 4 de febrero.
"Creo que será un punto de partida para que encontremos avances bipartidistas que brinden alivio a los Dreamers y también reparen un sistema de inmigración roto", dijo Graham, quien dijo que le gustaría que la Ley DREAM fuera parte de una reforma migratoria integral, en lugar de un proyecto independiente.
En 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para parar DACA, pero esta fue impugnada en los tribunales. En 2018, le dijo al Congreso que estaba abierto a algún camino hacia la ciudadanía para los jóvenes que participan en DACA, pero también pidió otras reformas de inmigración y quería $25 mil millones para un muro fronterizo y $5 mil millones para otras medidas de seguridad. El Congreso rechazó sus propuestas.
El 18 de junio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos en un fallo de 5-4 dijo que Trump no podía detener el programa con su orden ejecutiva de 2017.