Medio de la represión del país contra las pandillas, prelado salvadoreño pide justicia por inocentes

Por David Agren, OSV News

CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) -- Un prelado salvadoreño ha instado al país a "evitar el encarcelamiento de personas inocentes", en lo que constituye un comentario público poco común por parte del clero sobre la represión contra las bandas criminales en el país centroamericano.

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas también pidió la pronta liberación de aquellos que son inocentes, mientras los grupos de derechos humanos hacen sonar las alarmas por las detenciones arbitrarias y la falta de garantías procesales durante el estado de excepción implantado para acabar con el control de las pandillas o maras que cometen delitos como la extorsión y obligan a la población a huir del país.

En una Misa celebrada el 6 de agosto durante la fiesta del Divino Salvador, el arzobispo Escobar reveló planes para promover la causa de santidad de los mártires de la guerra civil del país, que terminó en 1992. Entre ellos se encuentra el padre Ignacio Ellacuría, uno de los seis jesuitas asesinados en 1989 en un ataque de una unidad de élite del ejército a su residencia. En el ataque también murieron su ama de llaves y su hija adolescente.

El arzobispo Escobar citó al padre Ellacuría como ejemplo para El Salvador actual, diciendo: "La violencia ha golpeado y conducido a la muerte a muchos salvadoreños, principalmente a los más pobres. En la actualidad, esa violencia parece casi superada, pero hay muchos retos que asumir para que esa historia de violencia fratricida no se repita".

Y añadió: "Si queremos revertir esa historia desde los pobres es necesario... seguir trabajando en el mejoramiento de los procedimientos legales para evitar el encarcelamiento de inocentes y la pronta liberación de los inocentes encarcelados, o sea la administración de la pronta y cumplida justicia".

Este llamamiento a la justicia se produce al tiempo que El Salvador sigue adelante con sus planes de celebrar juicios masivos contra los sospechosos detenidos en el estado de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado cada mes desde entonces.

También marcó un llamamiento de la Iglesia Católica para que el presidente Nayib Bukele reconsidere aspectos de su estrategia de seguridad de mano dura. La estrategia ha demostrado ser popular en un país hastiado de las pandillas depredadoras y alguna vez considerado la capital mundial del asesinato.

Según las encuestas, el índice de aprobación de Bukele supera el 90%. Una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dirigida por los jesuitas, encontró apoyo para el estado de emergencia, pero los encuestados no sabían qué derechos habían sido suspendidos.

El estado de excepción otorga a la policía amplios poderes de arresto y suspende garantías constitucionales. Los abogados del país afirman que la policía detuvo a personas con pruebas poco sólidas y alegan que los agentes tenían cuotas de arrestos. La organización de derechos humanos Cristosal documentó 153 muertes de personas detenidas mientras estaban bajo custodia del Estado.

Bukele construyó una megaprisión para albergar a los 68.000 detenidos en El Salvador, una nación de 6,3 millones de habitantes. La asamblea legislativa aprobó recientemente leyes que permiten juicios masivos a los detenidos.

Los líderes de la Iglesia en El Salvador se han mostrado algo reticentes a la hora de pronunciarse contra el estado de excepción, algo que los analistas atribuyen a que el presidente arremete contra las críticas y persigue a opositores políticos y periodistas.

"Los que piensan diferente al actual gobierno y los que se atreven a denunciar y alzar la voz son atacados digitalmente", dijo Danilo Flores, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Universidad Centroamericana, a OSV News en una entrevista de 2022.

Refiriéndose al llamamiento del arzobispo Escobar, una fuente católica en El Salvador dijo que "este es un comentario un poco sorprendente del arzobispo". La fuente dijo que la Arquidiócesis de San Salvador reinició recientemente la actividad de su oficina de derechos humanos debido a las secuelas del estado de emergencia.

"Los obispos no han querido pronunciarse (y) el resto de la conferencia episcopal apenas ha hecho declaraciones sobre lo que está pasando".

Un portavoz de la Arquidiócesis de San Salvador no estaba disponible para hacer comentarios.