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June 10, 2023Por Eduardo Campos Lima, OSV News
COPIA DEL CUERPO: SÃO PAULO (OSV News) -- Las autoridades de São Paulo han fallado continuamente en encontrar formas de lidiar con el creciente número de personas sin hogar en la ciudad y centro financiero más grande de Brasil, según sacerdotes con décadas de experiencia trabajando en las calles.
Un estudio realizado por la Universidad Federal de Minas Gerais (conocida por el acrónimo portugués UFMG) mostró que el número de personas que viven en las calles de São Paulo pasó de 48.000 a fines de 2022 a 52.000 en febrero de 2023. Pero la ciudad ofrece solo 24.000 camas en albergues para personas sin hogar.
"Se nota que hay muchas personas que no reciben apoyo del estado. El gobierno de la ciudad afirma que puede dar albergue a todos, pero eso no es cierto", el padre Júlio Lancellotti, vicario de la Arquidiócesis de São Paulo para las personas sin hogar, dijo OSV News.
El padre Lancellotti, defensor de los derechos humanos en la ciudad desde hace mucho tiempo, ha sido una voz firme contra lo que, según él, es la creciente represión del gobierno local contra las personas sin hogar.
En febrero, el gobierno de la ciudad decidió que retiraría las miles de tiendas de campaña esparcidas por las aceras y plazas. El padre Lancellotti y otros activistas de derechos humanos interpusieron una demanda para impedirlo, y la medida fue prohibida temporalmente por sentencia judicial.
En abril, un tribunal superior suspendió ese fallo y el gobierno de la ciudad reanudó el retiro de las carpas.
"Una norma del gobierno de la ciudad impide quitar objetos personales, medicinas, ropa, documentos y tiendas de campaña a los indigentes. Esa medida reciente no respeta su propia norma", argumentó el padre Lancellotti.
En su trabajo diario en el área central de São Paulo, un distrito histórico donde se concentra la mayor parte de la población sin hogar, ha ido viendo cómo las personas se ven cada vez más frágiles y perturbadas.
"Ni siquiera tienen la oportunidad de beber agua. Cuando vamos allí a darles comidas calientes, hemos estado tomando un tanque de 64 galones para darles agua. Se termina en un minuto", dijo.
La combinación programas de ayuda insuficientes con el aumento de la violencia policial ha venido generando una situación especialmente grave en lo que respecta a los drogodependientes.
Desde la década de 1990, miles de usuarios de crack han ocupado una vasta área en el distrito central de São Paulo conocida como Crackland. Los alcaldes y gobernadores estatales siempre han presentado planes para extinguirlo, pero todos fracasaron.
En 2021, el gobierno de la ciudad lanzó una operación policial masiva para acabar con Crackland. La presencia continua de cientos de policías en la zona realizando frecuentes allanamientos la desmantelaron, pero ahora se pueden ver grupos de usuarios de crack en diferentes puntos del distrito y de la ciudad en general.
"¿Cuáles son los efectos de tales acciones? La gente ahora está dispersa, pero los problemas continúan. Solo generó miedo y hostilidad entre los residentes locales y los comerciantes", dijo el padre Lancellotti.
Esas políticas vienen desorganizando la dinámica callejera de las personas sin hogar, llevándolas a deambular por nuevas zonas y creando un sentimiento de inseguridad, dijo a la OSV News el padre José Francisco dos Santos, quien encabeza la organización Acción Social Franciscana (conocida como SEFRAS en portugués).
"Hemos estado sintiendo una creciente demanda de comidas. Cada día viene gente nueva. Y el ambiente es cada vez más tenso, con más personas intoxicadas acercándose a nosotros", dijo dos Santos a OSV News.
SEFRAS cuenta con un equipo de 60 trabajadores y voluntarios que distribuyen diariamente unas 3.000 comidas calientes. La creciente tensión en la relación con las personas sin hogar ha llevado a la organización a construir un programa de terapia para el personal.
Dos Santos argumentó que es inevitable que la creciente represión policial provoque más violencia en las calles. En los últimos meses, se han reportado de vez en cuando estallidos de vandalismo y saqueos.
"Tratar a todo drogadicto como delincuente no es justo. Al mismo tiempo, genera más violencia", dijo. El retiro repentino de grupos de personas sin hogar de sus áreas durante las operaciones de limpieza también es inaceptable, agregó dos Santos.
El padre Lancellotti considera que el alcalde Ricardo Nunes y el gobernador del estado, Tarcisio de Freitas, vienen implementando tales políticas para atender los intereses del mercado inmobiliario.
De Freitas anunció hace meses un plan para trasladar la sede del gobierno al distrito central. Muchos de sus críticos, incluido el padre Lancellotti, piensan que la represión a los consumidores de drogas en la zona es parte del proceso y que su idea es preparar esa zona para la inversión privada.
"Es un antiguo objetivo de las empresas inmobiliarias. Ese distrito está conectado a líneas de metro y tren e importantes avenidas y alberga museos y teatros", dijo el padre Lancellotti.
En su opinión, las soluciones reales para las personas sin hogar y el Crackland requieren acciones complejas que conecten diferentes áreas y poderes del estado, con una inversión masiva en programas que puedan llegar a miles de personas.
"El primer paso es sacar de la mesa la dimensión policial. La guerra contra las drogas no puede ser la base de las medidas que se van a toma", argumentó.
Los católicos, dijo, no deben apoyar las hostilidades y las políticas violentas y, en cambio, deben inspirarse en el mensaje del Papa sobre la conexión entre la dignidad humana y la necesidad de refugio.
"Lamentablemente estamos muy distantes del Papa Francisco como Iglesia. Parece ser más valorado por la gente y no tanto por la institución", concluyó.