A 10 años de desaparición de estudiantes mexicanos, padres siguen sin saber dónde están sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) -- Cristina Bautista nunca ha dejado de buscar a su hijo, que estaba entre los 43 estudiantes desaparecidos en un ataque de 2014 que nunca se ha resuelto. Ella continúa su búsqueda por dos simples razones: Nadie más lo hace y las investigaciones gubernamentales se topan una y otra vez con obstáculos, a menudo por falta de voluntad política.

“Estos 10 años fue una simulación de buscar a nuestros hijos”, dijo Bautista a OSV News. “Porque si fuera de verdad, de verdad, los hijos no estuvieran ausente estos 10 años”, sin saber nada de ellos.

El ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una escuela normal rural para hombres jóvenes, conmocionó a México, que parecía haberse acostumbrado a las historias espeluznantes de la violencia de los cárteles de la droga. Diez años después, el caso sigue en el ámbito de la impunidad, a pesar de la indignación generalizada de la sociedad, la búsqueda de los padres y las investigaciones mexicanas e internacionales.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa forma parte de una red de escuelas normales creadas hace décadas para llevar la educación a las zonas rurales. Con el tiempo, las escuelas se han implicado profundamente en cuestiones sociales.

La noche en que desaparecieron los estudiantes, que habían requisado autobuses en la ciudad de Iguala -- situada a 190 kilómetros al sur de Ciudad de México, en el corazón productor de heroína del país --, tenían previsto viajar a la capital para una protesta anual contra una atrocidad anterior: el ataque de 1968 contra estudiantes en vísperas de los Juegos Olímpicos de verano, según una comisión de la verdad del gobierno e investigaciones internacionales. Pero sus autobuses fueron atacados por la policía, que entregó a los estudiantes al cártel de la droga Guerreros Unidos.

El aniversario fue un duro recordatorio del poder y la impunidad de los cárteles de la droga, así como de la connivencia de políticos y policías con los grupos delictivos. También mostró la falta de voluntad política para resolver uno de los crímenes más notorios del país. Para los padres de los estudiantes desaparecidos, sólo queda una pregunta.

“¿Qué pasó realmente con nuestros hijos?” dijo Bautista. “Eso es lo que queremos saber”.

La noticia inicial del ataque hizo que mexicanos de todas las clases socioeconómicas salieran a las calles a protestar, gritando: “Fue el Estado” y “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

También protestaron contra la investigación inicial del gobierno, que postuló que los estudiantes fueron secuestrados y llevados a un basurero, donde sus cuerpos fueron quemados. Es una versión de los hechos que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, llamó la “verdad histórica”.

La investigación bajo el presidente Enrique Peña Nieto, que dejó el cargo en 2018, se basó en gran medida en torturar a los sospechosos, según investigadores externos. Los militares tampoco cooperaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se comprometió a revivir el caso. Se reunió personalmente con los padres de los 43 estudiantes durante su exitosa campaña de 2018, donde, recordó Bautista, “prometió esclarecer el caso (y) teníamos fe y esperanza en él de que llegaríamos a la verdad”.

López Obrador formó una comisión de la verdad poco después de asumir el cargo en diciembre de 2018. También nombró a un fiscal especial y también se invitó a investigadores internacionales a regresar.

“Si había una una voluntad política clara”, dijo Santiago Aguirre, director Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también conocido como Centro Prodh, el cual es patrocinado por los jesuitas en la Ciudad de México. “Hubo avances”.

La comisión de la verdad publicó un informe en 2022, calificando los ataques de “crimen de Estado”. También descubrió que los estudiantes habían sido vigilados por la policía y el ejército desde el momento en que salieron de la escuela de Ayotzinapa -- a unas 75 millas al sur de Iguala -- y durante el ataque, pero no intervinieron. La comisión desconocía el paradero de los estudiantes, pero consideraba poco probable que siguieran con vida.

Posteriormente se dictaron al menos 80 órdenes de detención y Murillo Karam fue detenido acusado de tortura y desaparición forzada, cargos que él niega.

Pero, luego, el caso se estancó y el fiscal especial dimitió repentinamente. Los abogados de las familias alegaron que la investigación chocaba con el ejército mexicano, que se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente a lo largo de su gobierno.

El fiscal independiente para Ayotzinapa “encontró evidencia del nivel de corrupción de las autoridades mexicanas y, en particular, de los vínculos de algunos elementos del ejército con el narcotráfico”, dijo Aguirre a OSV News. “En el Centro Prodhcreemos que ante la disyuntiva de apoyar a las víctimas o seguir con los militares, el presidente y el gobierno optaron por lo segundo y eso explica que el caso no esté resuelto”.

Los investigadores internacionales, por su parte, alegan que los militares desobedecieron las órdenes presidenciales de abrir sus archivos. Abandonaron el país en 2023, diciendo: “Es imposible continuar”.

López Obrador insistió: “No hay impunidad”, al tiempo que dijo que el caso avanzó gracias a las fuerzas armadas.

Más tarde, el presidente apuntó contra los abogados de las familias de los estudiantes, incluido Centro Pro, una organización de derechos humanos. Atacó verbalmente a Centro Prodhen múltiples ocasiones en su conferencia de prensa matutina, alegando que “ya no es el de antes”, en referencia a la larga historia de Centro Prodhde acompañar a las víctimas de la violencia y enfrentarse a actores estatales como los militares.

También insistió en que las familias de Ayotzinapa “están siendo manipuladas por grupos conservadores de derecha, apoyados por gobiernos extranjeros que quieren hacernos daño, políticamente hablando”. Hizo los comentarios en marzo de 2024, recurriendo a su palabra habitual para los supuestos opositores: “conservadores”.

ue estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de

“Sin duda obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército”, dijo Centro Prodhen una respuesta a López Obrador en diciembre de 2023. “Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo las víctimas al centro”.

Los padres de los estudiantes desaparecidos respaldaron a sus representantes tras los ataques del presidente, entre ellos Centro Pro.

“Gracias a ellos, pues, el Gobierno no nos puede engañar, no nos puede entregar un cuerpo que no perteneciera a nuestros hijos”, dijo Bautista.

López Obrador dejará el cargo el 30 de septiembre con un índice de aprobación superior al 70%, según algunas encuestas. Su popularidad y sus repetidos ataques a los representantes de los padres de familia le han restado parte del apoyo que había recibido hasta 2022, según los observadores.

El presidente ha dicho que espera que su sucesora, Claudia Sheinbaum, continúe la investigación.

“Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes, trabajamos en eso todo el tiempo, no se avanzó como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado”, dijo en una carta del 25 de septiembre a las familias.

Las familias han expresado repetidamente su decepción con López Obrador, diciendo en una carta de julio: “Nos has mentido, nos has engañado y traicionado”.

Bautista, por su parte, prometió dar con el paradero de su hijo.

“Voy a seguir buscando mientras Dios me preste la vida”, dijo. “Voy a seguir aquí”.