Search
-
August 10, 2023Por Kate Scanlon, OSV News
WASHINGTON (OSV News) -- La administración Biden ha suscitado críticas por su inclusión del aborto en una norma propuesta para una ley bipartidista que garantiza protecciones a las trabajadoras embarazadas y que contaba con el apoyo de católicos, líderes provida y republicanos.
La ley bipartidista Pregnant Workers Fairness Act (Equidad para Trabajadoras Embarazadas) fue aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2022, firmada por el presidente Joe Biden el 29 de diciembre y entró en vigor en junio. La ley prohíbe las prácticas laborales que discriminen contra la realización de ajustes razonables para empleados calificados debido a su embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas.
Una norma propuesta el 7 de agosto por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en inglés), que regula la aplicación de dicha ley, contiene un amplio lenguaje que incluye el aborto entre las "condiciones médicas relacionadas", y las posibles circunstancias en las que los empleadores pueden tener que conceder adaptaciones en el lugar de trabajo, que pueden incluir tiempo libre o descansos adicionales.
En un comunicado, la presidenta de la EEOC, Charlotte A. Burrows, afirmó que la nueva ley "es un paso hacia adelante para los trabajadores, las familias y la economía. Esta nueva e importante ley de derechos civiles promueve la seguridad económica y la salud de las trabajadoras embarazadas y posparto al brindarles acceso a apoyo en el trabajo para seguir trabajando, lo que ayuda a las empresas a retener el talento crítico".
Burrows dijo que la EEOC invitaba al público "a proporcionar retroalimentación significativa acerca de cómo la propuesta tendría un impacto en los lugares de trabajo y las formas de ayudar a los empleadores y los trabajadores en la comprensión de la ley".
La norma define "embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas" como "el embarazo actual, el embarazo pasado, el embarazo potencial, la lactancia (incluida la lactancia materna y la extracción de leche), el uso de anticonceptivos, la menstruación, la infertilidad y los tratamientos de fertilidad, la endometriosis, el aborto espontáneo, la muerte fetal o la decisión de abortar o no abortar, entre otras afecciones".
El senador Bill Cassidy, R-La., quien es médico y el miembro de mayor rango del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado y trabajó para aprobar la legislación con el senador Bob Casey, D.-Pa., dijo en un comunicado que la administración Biden "se ha descarriado".
"Estas normativas ignoran por completo la intención legislativa e intenta reescribir la ley mediante reglamentos", dijo Cassidy. "La administración Biden tiene que hacer cumplir la ley tal y como la aprobó el Congreso, no como ellos desearían que se aprobara". La Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas apunta a ayudar a las madres embarazadas que permanecen en el mercado laboral por elección o por necesidad mientras dan a luz a sus hijos y se recuperan tras el parto. La decisión de hacer caso omiso del proceso legislativo para inyectar una agenda política abortista es ilegal y profundamente preocupante".
Muchos defensores de la vida, incluidos los obispos estadounidenses, apoyaron la legislación, pero criticaron el reglamento propuesto.
En una declaración, el obispo Michael F. Burbidge de Arlington, Virginia, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., había dicho que los obispos apoyaban la Ley bipartidista de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas "porque mejoraba la protección de las madres embarazadas y de sus hijos antes de nacer, que es algo a lo que hemos animado al Congreso a dar prioridad".
"La Ley está a favor de los trabajadores, a favor de la familia y a favor de la vida", dijo el obispo Burbidge. "Es una distorsión total utilizar esta ley como un medio para promover el aborto, y todo lo contrario de la asistencia necesaria para las madres embarazadas".
El obispo Burbidge dijo que la interpretación propuesta por la EEOC de la legislación para "incluir adaptaciones para obtener un aborto es errónea y contraria al texto, la historia legislativa y el propósito de la ley, que es ayudar a hacer posible que las madres trabajadoras sigan teniendo un empleo remunerado, si así lo desean, al tiempo que protegen su salud y la de sus hijos antes de nacer".
"Esperamos que la EEOC se vea obligada a abandonar su insostenible postura cuando los comentarios públicos presentados sobre esta normativa demuestren que su interpretación sería anulada en los tribunales", afirmó.
En un comunicado, la abogada principal de Alliance Defending Freedom, Julie Marie Blake, dijo que "el Congreso buscaba ayudar a las trabajadoras embarazadas, no obligar a los empleadores a facilitar abortos".
"La administración Biden se está apropiando de una ley bipartidista que ni siquiera menciona el aborto para obligar a todos los empleadores de Estados Unidos a proporcionar 'ajustes razonables' para los abortos electivos de sus trabajadoras", dijo Blake. "La propuesta ilegal de la administración viola las leyes estatales que protegen a los no nacidos y las creencias religiosas y provida de los empleadores. La administración no tiene autoridad legal para introducir de contrabando un mandato abortista en una ley transformadora a favor de la vida y de la mujer. Alliance Defending Freedom está dispuesta a seguir defendiendo las vidas de los no nacidos y a oponerse a esta atroz extralimitación federal".
La EEOC dijo que la norma será publicada para recibir comentarios públicos en el Registro Federal el 11 de agosto. Los miembros del público que deseen hacer comentarios sobre la propuesta tendrán 60 días a partir de la fecha de publicación para hacerlo visitando regulations.gov.