Demanda federal desafía orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía por derecho de nacimiento

Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON (OSV News) -- Una coalición de grupos de defensa, liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (o ACLU, por sus siglas en inglés), presentó el 20 de enero una demanda federal contra la orden ejecutiva del primer día de mandato del presidente Donald Trump, que buscaba cambiar la interpretación de la Enmienda 14, la cual otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Defensores católicos de la migración elogiaron el desafío a esa orden, y algunos expresaron preocupación por las acciones migratorias de Trump en términos más generales.

Como parte de una serie de acciones en el primer día de su mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas para implementar algunas de sus políticas migratorias más estrictas, incluyendo una orden que busca poner fin a la práctica de otorgar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

La Enmienda 14 establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen". Trump, sin embargo, señaló ante los periodistas en el Despacho Oval: "Somos el único país en el mundo que hace esto".

Como se ha reportado en varios medios, Estados Unidos es uno de al menos 30 países -- incluidos Canadá y México -- en los que se aplica el principio de ius soli o "derecho de suelo", el cuál concede la ciudadanía sin restricciones, independientemente del estatus migratorio de los progenitores.

La orden de Trump instruía a las agencias federales a dejar de emitir pasaportes, certificados de ciudadanía, y otros documentos oficiales a niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o titulares de visas temporales. Según Trump, la orden no tendría aplicación retroactiva y entraría en vigor en 30 días.

La ACLU presentó una demanda contra esa orden casi inmediatamente después de ser firmada.

"Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, sino que también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses", declaró Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, en un comunicado. "La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace de Estados Unidos la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden pretende repetir uno de los errores más graves en la historia estadounidense, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a las que se niegan plenos derechos como estadounidenses. No permitiremos que este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadounidenses quede sin respuesta. La arbitrariedad de la administración Trump es tan atroz que confiamos en que, al final, prevaleceremos".

J. Kevin Appleby, investigador principal sobre políticas en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y exdirector de políticas de migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, declaró a OSV News el 21 de enero que, aunque "es probable que los tribunales la anulen, la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento esencialmente crearía una gran población apátrida en el país, sin los derechos y protecciones plenos otorgados a los ciudadanos".

"Principalmente perjudicaría a los niños y es otro intento de dividir al país y crear una subclase permanente", añadió. "Qué cruel".

La Catholic Legal Immigration Network, Inc. (o CLINIC) emitió un comunicado el 21 de enero condenando las órdenes migratorias de Trump, que también comprende la suspensión de un grupo de trabajo para reunir a familias separadas deliberadamente en la frontera. Otra orden suspende algunos programas de refugiados de Estados Unidos, entre ellos, un programa para afganos autorizados por el gobierno estadounidense a reasentarse en el país debido a amenazas del Talibán después de haber ayudado a Estados Unidos.

"Como católicos, estamos llamados a defender la dignidad de cada persona, sin importar de dónde ellos vienen", afirmó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, en un comunicado. "Estas órdenes ejecutivas deshumanizantes contradicen nuestros valores fundamentales de compasión, justicia, y el mandato bíblico de acoger al extranjero. Amenazan la esencia misma de nuestra sociedad y las protecciones que han hecho de Estados Unidos un faro de esperanza para inmigrantes y refugiados".

Gallagher añadió: "Ahora, más que nunca, debemos unirnos como personas de fe y conciencia para resistir políticas que marginan y deshumanizan a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. CLINIC continuará trabajando incansablemente para garantizar que los inmigrantes y refugiados sean tratados con el respeto y el cuidado que merecen".

Las políticas migratorias estrictas, y sus propuestas de deportaciones masivas, fueron un pilar central de la plataforma de la campaña de Trump. Aunque los detalles sobre cómo la Casa Blanca podría llevar a cabo un programa de deportaciones masivas aún no están del todo claros, dichas deportaciones en general van en contra de las enseñanzas del Concilio Vaticano II en "Gaudium et Spes," que condena la "deportación" entre otras acciones, como el aborto, que "degradan la civilización humana" y "son totalmente contrarias al honor debido al Creador", una enseñanza que el Papa San Juan Pablo II afirmó en dos encíclicas sobre la verdad moral y los temas de la vida.

Las órdenes ejecutivas son directivas legalmente vinculantes del presidente y se publican en el Registro Federal. Por otro lado, el término "acciones ejecutivas" es más amplio y podría incluir propuestas informales de políticas que el presidente quisiera implementar. Aunque es común que los nuevos presidentes emitan algunas órdenes ejecutivas en su primer día para señalar ciertas prioridades, Trump señaló planes de mayor alcance. Se espera que algunas de sus otras órdenes enfrenten desafíos legales.

"Una cosa es firmar órdenes ejecutivas, pero otra muy distinta es implementarlas", manifestó Appleby. "Trump no puede simplemente agitar su varita mágica y hacer que se cumplan. Habrá resistencia a estas políticas entre defensores, grupos religiosos, jurisdicciones estatales y locales, los tribunales y miembros del Congreso. La lucha apenas comienza".