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June 13, 2023Denuncias de abusos e indignación aumentan mientras la orden jesuita y la iglesia en Bolivia sufren una sacudida tectónica
Por David Agren, OSV News
CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) -- Las revelaciones de abusos sexuales por parte del difunto padre jesuita Alfonso Pedrajas han llevado a decenas de personas en Bolivia a presentar acusaciones similares de atrocidades en el país sudamericano, donde la Iglesia Católica se enfrenta a las consecuencias de los actos criminales de sacerdotes pedófilos.
Una investigación del diario boliviano Página Siete constató que se han presentado más de 170 víctimas de abuso sexual clerical desde principios de mayo, cuando el diario español El País publicó su artículo sobre Pedrajas, un jesuita español que mantuvo un registro de sus abusos a menores al escribir un diario.
"Lo que ha logrado El País ha sido que las víctimas se interconecten, se relacionen, se atrevan a hablar. Muchas de las víctimas tienen más de 50 años", dijo a OSV News Raphael Archondo, académico y ex director de Fides, un medio de noticias apoyado por los jesuitas de Bolivia.
"Hay una ola de denuncias y se han abierto muchos espacios para que se presenten denuncias", dijo.
La conferencia episcopal ha condenado las acciones de los sacerdotes pedófilos, aunque reconoce que fallaron a las víctimas, que "encontraron una iglesia sorda a los sufrimientos".
La provincia jesuita de Bolivia pidió disculpas y expresó "vergüenza" y "arrepentimiento" por lo ocurrido y prometió buscar justicia para las víctimas. Los jesuitas han suspendido a ocho antiguos superiores provinciales que no actuaron contra el padre Pedrajas.
La Compañía de Jesús (los jesuitas) abrió un canal de "escucha y atención" para recibir denuncias en mayo –que permite recibir denuncias por correo electrónico o mensajes de WhatsApp -- pero en un comunicado del 4 de junio dijo que sólo había recibido cuatro acusaciones, una contra un par de jesuitas fallecidos y dos contra un sacerdote de la Diócesis de Tarija.
El comunicado identificaba a los jesuitas como el padre Alfonso Pedrajas -- cuyo diario contenía descripciones de abusos sexuales a lo largo de cuatro décadas de trabajo en colegios bolivianos y latinoamericanos -- y el padre Jorge Vila, acusado de abusar de un estudiante de 13 años en un colegio jesuita a principios de la década de 1990.
Estos jesuitas fallecieron en 2009 y 2012, respectivamente. El padre Vila se había hecho conocido en Bolivia por su defensa de los derechos de los niños, según un obituario. Fue uno de los fundadores de Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI Bolivia).
El sacerdote no identificado de la Diócesis de Tarija no era jesuita, pero los jesuitas dijeron que "han apoyado en la gestión de otros dos casos de abusos sexuales contra un sacerdote de la Diócesis de Tarija, puesto que por ahora es la única instancia de su tipo que opera en la iglesia boliviana y no puede descuidar a las víctimas de personas de otras realidades eclesiales".
La Diócesis de Tarija ha sido una de las diócesis golpeadas por acusaciones de abuso sexual clerical.
El padre Otto Strauss, de 83 años, sacerdote de origen alemán de la Diócesis de Tarija, tenía previsto comparecer en una audiencia preliminar en Tarija el 6 de junio -- que se aplazó debido al estado de salud del sacerdote -- por una acusación de abusos sexuales que se remonta a 1988, según medios de comunicación locales.
El padre carmelita Milton Murillo, fue encarcelado por tres meses acusado de abusar sexualmente de seminaristas en Tarija y La Paz, informaron los medios bolivianos el 18 de mayo.
La Compañía de Jesús ha reconocido que cuatro jesuitas de origen español han sido acusados de abusar sexualmente de menores en Bolivia. Entre ellos se encuentran el fallecido arzobispo de La Paz, Alejandro Mestre, fallecido en 1988, y el padre Luis María Roma Padrosa.
El padre Roma está acusado de abusar de un número indeterminado de niños de entre 7 y 12 años en Charagua, una ciudad del este de Bolivia. Los jesuitas tuvieron conocimiento de las acusaciones por primera vez en 2019 a través de la agencia de noticias española EFE, según un comunicado del 14 de mayo.
Fue suspendido de su ministerio en 2019, a los 84 años, ya aquejado de demencia. La curia jesuita entregó los resultados de su investigación sobre el padre Roma a los fiscales el 9 de mayo. Las pruebas incluían "alarmante material fotográfico", según el comunicado.
Dos jesuitas ancianos, los padres Carlos Villamil (conocido como 'Vico') y Francesc Peris (conocido como 'Chesco'), que trabajaron con el padre Pedrajas en el colegio Juan XXIII de Cochabamba durante la década de 1980, se enfrentan a acusaciones de abusos sexuales por parte de antiguos alumnos, según El País.
Los jesuitas dijeron el 16 de mayo que no habían recibido ninguna denuncia contra los padres Villamil y Peris.
"Es cierto que otros nombres han sido mencionados recientemente en la prensa y es probable que haya una denuncia, pero la Compañía (de Jesús) no conoce nada más al respecto sobre denuncias de abuso", dijo Gabriel Chávez, portavoz de la curia jesuita en Bolivia, a OSV News.
"La Compañía (de Jesús) está invitando a que las víctimas hagan denuncias. Por supuesto, si se presenta un nuevo caso, la Compañía va a poner en conocimiento al Ministerio Público de inmediato".
La publicación del diario del Padre Pedrajas ha causado indignación en Bolivia -- con el gobierno proponiendo estrictas leyes de protección de menores en respuesta y pidiendo una revisión de los acuerdos entre Bolivia y el Vaticano.
Han estallado protestas a las puertas de las iglesias y se han pintado con spray las palabras "violadores" en las paredes exteriores.
Algunos de los jesuitas acusados de abusos se habían hecho conocidos en el país.
La Conferencia Episcopal Boliviana ha prometido crear una omisión Nacional de Escucha y una investigación nacional para determinar las irregularidades y aumentar la transparencia.
Mientras tanto, la rama educativa de la conferencia episcopal boliviana, junto con grupos que representan a padres de alumnos de colegios jesuitas y antiguos alumnos de colegios jesuitas, emitieron una declaración el 1 de junio en la que instaban al gobierno a respetar el derecho de las familias a elegir la educación católica.
La declaración dijo: "Pedimos que se respete la libertad de elección de la educación que cada familia elige, recordemos que el país está regido por una democracia en la que las formas de educar constituyen una libertad humana, generando seres humanos capaces de vivir y convivir enmarcados en el respeto al otro, evitando enfrentamientos o daños innecesarios".