Gabriella Ceraso - Ciudad del Vaticano
El referéndum sobre la despenalización del homicidio consentido, propuesto por la Asociación Luca Coscioni y previsto para la primavera es inadmisible y por tanto no se realizará. El Tribunal Constitucional ha resuelto así la consulta titulada "Derogación parcial del artículo 579 del Código Penal (asesinato de una persona con consentimiento, que castiga con penas de prisión de 6 a 15 años a quien procure la muerte de una persona con su consentimiento), ya que -según informa la Oficina de Comunicación a la espera de la presentación de la sentencia- "ha considerado inadmisible la cuestión del referéndum porque, tras la abrogación, aunque sea parcial, de la norma sobre el homicidio consentido, a la que la cuestión apunta, no se preservaría el mínimo de protección de la vida humana constitucionalmente exigido, en general, y con especial referencia a las personas débiles y vulnerables". En resumen, si ganara el sí, las normas que se mantendrían en vigor no garantizarían una protección suficiente de las personas más frágiles. La asociación Coscioni se mostró decepcionada y anunció que continuaría su batalla. La intención de los promotores, que habían recogido 1,2 millones de firmas, era conseguir la eutanasia mediante la abrogación parcial de la ley sobre el homicidio consentido, excluidos algunos casos específicos. En caso de que el consentimiento sea dado por un menor de edad, una persona enferma mental o una persona engañada, se perseguiría por homicidio doloso. La asociación Coscioni se mostró decepcionada y anunció que continuaría su batalla. La intención de los promotores, que habían recogido 1,2 millones de firmas, era conseguir la eutanasia mediante la derogación parcial de la ley sobre el asesinato de personas con consentimiento, con la excepción de algunos casos concretos. En caso de que el consentimiento sea dado por un menor de edad, un demente o una persona engañada, se perseguiría por homicidio doloso. Ahora quedan siete referendos más por aprobar o no: el próximo sobre la legalización del cannabis con las 630.000 firmas recogidas, y luego seis sobre temas relacionados con la reforma de la justicia.
Los obispos, al igual que la Asociación Ciencia y Vida y los Juristas Católicos, aplauden la decisión de la Consulta, mientras que la política está dividida. "Tomamos nota con agrado de este pronunciamiento, escribe la Conferencia Episcopal Italiana en una nota. Es una invitación muy precisa a no marginar nunca el compromiso de la sociedad en su conjunto de ofrecer el apoyo necesario para superar o aliviar la situación de sufrimiento o malestar".
En esta ocasión los obispos italianos reiteran las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante la audiencia del pasado miércoles 9 de febrero: "La vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Y este principio ético concierne a todos, no sólo a los cristianos o creyentes". Es necesario prestar "mayor atención a quienes, en condiciones de fragilidad o vulnerabilidad, piden ser tratados con dignidad y acompañados con respeto y amor", continúan explicando los prelados. Renzo Pegoraro, canciller de la Academia Pontificia para la Vida, habla de una decisión "justificada" y "comprensible":
La abrogación del artículo que prohíbe el homicidio consentido habría abierto un escenario en el que habría sido imposible proteger toda vida humana y la garantía de toda persona, en cualquier situación. Derogarla, por tanto, significa eliminar una prohibición, un delito, dejando abierta la posibilidad de homicidio en todas las situaciones.
¿Se trata de una elección de sabiduría ética que hay que reconocer?
Pero también de sabiduría jurídica y de coherencia jurídica, de un derecho que constituye una garantía de protección de la vida humana.
Sin embargo, esto significa que todo vuelve a manos del Parlamento y, por tanto, se elabora una ley....
Ahora el Parlamento es interpelado sobre la cuestión del llamado suicidio médicamente asistido, condición ya abierta, en este caso, podríamos decir desgraciadamente por el Tribunal Constitucional que ya ha admitido que algunas situaciones muy definidas y restringidas de suicidio asistido, pueden ser admitidas porque ya no son delito. Y así el Parlamento se encuentra con que tiene que decidir sobre esta situación que se ha producido.
Es de esperar que la ley sea la mejor posible, con todos los temores que la Iglesia ha expresado...
La Iglesia reafirma su respeto por toda vida humana, reafirma su rechazo al suicidio, incluido el suicidio asistido. Su posición, sus valores y sus principios morales son constantes y recordados varias veces por el Papa Francisco. Una cosa son los cuidados paliativos, la asistencia y el no al encarnizamiento, y otra muy distinta es provocar la muerte de un enfermo o ayudar al suicidio de la persona. El Tribunal lo ha hecho posible, bajo ciertas definidas y restringidas condiciones, y ahora tendrá que intervenir el legislador. Esto abre todo un debate sobre qué solución encontrar.