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May 25, 2023Por David Agren, OSV News
CIUDAD DE MÉXICO (OSV News) -- Dos sacerdotes nicaragüenses han sido trasladados a Managua, la capital, para ser interrogados, en medio de una investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión de un capítulo diocesano de Cáritas.
Cáritas Nicaragua, una de las ocho secciones de la organización caritativa de la Iglesia católica, fue cerrada hace más de un año por el gobierno autocrático del país. Los sacerdotes trabajan en la Diócesis de Estelí, donde el obispo encarcelado Rolando Álvarez de Matagalpa es administrador apostólico.
Los padres Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez fueron "requeridos por la Policía Nacional" el 20 y 22 de mayo, respectivamente, "y trasladados a un centro de formación eclesiástica en Managua, mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Caritas diocesana de Estelí", dijo la diócesis en un comunicado del 22 de mayo.
"Sabemos que están bien en su integridad física, pero a la orden de las autoridades del país", continúa el comunicado. "Renovamos nuestras oraciones y reafirmamos nuestra confianza en el Señor que no abandona a sus hijos".
El padre Rodríguez, párroco de la Parroquia Divina Providencia de la ciudad de Jalapa, ya había intervenido anteriormente como negociador en junio de 2018, después de que la policía lanzara una represión especialmente violenta contra los manifestantes que pedían la salida del presidente Daniel Ortega, según el diario nicaragüense La Prensa.
El padre Guevara es sacerdote en la catedral de Estelí. El capítulo diocesano de Cáritas fue cerrado en 2021 después de que el gobierno revocara su estatus legal, convirtiéndose en una de las 3,000 organizaciones sin ánimo de lucro, no gubernamentales y educativas en el punto de mira del gobierno sandinista de Ortega.
La investigación sobre los sacerdotes profundizó aún más la campaña de acoso y terror contra la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha obligado al clero a exiliarse, ha expulsado del país a las Misioneras de la Caridad y ha encarcelado al obispo Álvarez, condenándolo a 26 años en condiciones deplorables el 10 de febrero.
También se produce tras el cierre, el 18 de mayo, de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, que formaba en teología y filosofía a seminaristas de varias diócesis. El Ministerio del Interior canceló la personalidad jurídica de la universidad tras lo que denominó una "disolución voluntaria" y las acusaciones del gobierno de no informar sobre sus finanzas, según el medio nicaragüense Confidencial.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no han tolerado ninguna disidencia desde las protestas de 2018 y han llegado a considerar a la iglesia como un enemigo por brindar apoyo a los manifestantes heridos y acompañar a las familias de los presos políticos.
La pareja ha llamado "terroristas" y "golpistas" a los obispos católicos y ha prohibido las tradicionales procesiones de Semana Santa fuera de las parroquias.
En marzo, el Vaticano se vio obligado a cerrar su embajada en Nicaragua al romper el régimen de Ortega-Murillo las relaciones con la Santa Sede. Unos 222 presos políticos fueron enviados a Estados Unidos el 9 de febrero y despojados de su ciudadanía nicaragüense. El obispo Álvarez se negó a embarcar en el vuelo a Washington y posteriormente fue declarado culpable y condenado.