“El aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia, se defiende y se promueve”. Así lo afirma un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, ante las fuertes polémicas surgidas entre los grupos de oposición que han puesto el aborto, la eutanasia y la pena de muerte como argumentos determinantes para el logro de alianzas, en vista de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 7 de noviembre en Nicaragua.
La declaración sostiene que “frente a las corrientes actuales que apoyan el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, es oportuno recordar que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos” y como tal se debe respetar, promover y defender.
“Los derechos humanos no son ‘asuntos religiosos’, sino derechos inherentes a la naturaleza humana, que no es una concesión ni regalo que da el Estado”, reitera la Comisión al recordar que “estos derechos comienzan con el derecho a la vida”. En este sentido, reafirma que “el aborto procurado es un crimen y violación al fundamental derecho de vivir donde se basan todos los otros derechos”. En particular, la nota se dirige a los cristianos, quienes desde la perspectiva de la fe, deben ser fieles al mandamiento de Dios: “no matarás”. De allí el llamado de la Iglesia nicaragüense “a defender la vida de todos, especialmente de los más débiles, entre los cuales los primeros son los niños por nacer que desde el vientre de su madre existen como personas”.
“Que en nuestra Patria el vientre materno sea el lugar más seguro para los niños no nacidos, y la familia lo sea también para aquellas personas cuya vida se encuentra disminuida o debilitada”, concluye la nota de la Comisión de Justicia y Paz. Según el calendario electoral presentado por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, los partidos políticos han tenido la oportunidad de presentar sus alianzas hasta el pasado miércoles. Sin embargo, los grupos de oposición no han logrado consolidar una coalición única para impedir una nueva reelección del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007.