Por Lise Alves
La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) dijo en un comunicado que estaba "perpleja por los graves y violentos acontecimientos" que estallaron el 8 de enero en Brasilia, la capital de la nación.
Miles de manifestantes invadieron el Congreso del país, el edificio de la Corte Suprema y el palacio presidencial, enfurecidos por el presidente recién juramentado, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los manifestantes son simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue derrotado por Lula, como se conoce popularmente al nuevo mandatario. Exigen la destitución del nuevo presidente, afirman que las elecciones de octubre fueron ilegítimas y piden que las fuerzas armadas de Brasil asuman el poder.
Los funcionarios de la conferencia episcopal pidieron el cese inmediato de los "ataques criminales contra el estado democrático de derecho".
“Estos atentados deben contenerse inmediatamente y sus organizadores y participantes deben rendir cuentas con todo el peso de la ley. Hay que proteger a los ciudadanos y la democracia”, decía el mensaje en las cuentas de redes sociales de la conferencia.
El Cardenal Odilo Pedro Scherer de São Paulo también condenó los hechos afirmando que lo ocurrido en Brasilia "fue inaceptable".
El Consejo Misionero Indígena de los obispos brasileños, o CIMI, también se pronunció en contra de los invasores, condenando la invasión criminal y los ataques a edificios públicos federales.
“Tales actos confirman el legado de destrucción, fascismo y autoritarismo que el gobierno del expresidente de la República (Jair Bolsonaro) legó al país”, dijo el CIMI en un comunicado de prensa.
Según el consejo, además de un "estado devastado, promovió la división de familias y comunidades y la manipulación de conciencias, así como la radicalización de una extrema derecha que defiende la dictadura, la violencia y el racismo".
“Esperamos que se investiguen todas las responsabilidades políticas, civiles y penales y que se castigue severamente a los principales autores de estos hechos violentos”, dijo el CIMI.
Imágenes de video de los principales canales de televisión del país el 8 de enero mostraban a grandes multitudes caminando por la rampa hacia el edificio del Congreso, rompiendo ventanas y muebles dentro de la cámara de legisladores.
Otros videos mostraban a invasores saqueando las oficinas de los jueces de la Corte Suprema y dañando obras de arte.