Por Lisa Zengarini
El llamamiento lo hizo el 15 de junio el obispo Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB), con motivo del noveno aniversario de la creación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El plan fue puesto en marcha por la Administración Obama en 2012 para proteger a los llamados "dreamers" -migrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran niños con sus padres- de la deportación, proporcionándoles permisos temporales para trabajar y estudiar, aunque no proporciona un estatus legal, ni crea una vía para la ciudadanía.
Hay más de 600.000 beneficiarios activos de DACA que viven actualmente en Estados Unidos y hasta 3,6 millones de “dreamers” en total, de los cuales aproximadamente 1,8 millones son elegibles para DACA.
Recordando que los beneficiarios de DACA hacen importantes contribuciones a sus comunidades y a la vida de la nación y que muchos de ellos han ofrecido servicios esenciales durante la pandemia del COVID-19, el obispo Dorsonville señaló que "con demasiada frecuencia" estos jóvenes se enfrentan a la "incertidumbre y el rechazo" a manos de un "sistema de inmigración roto".
Además, remarcó que, aunque la Administración Biden ha identificado la reforma migratoria como una prioridad, el Congreso aún no ha actuado: "Los dreamers -junto con los titulares del Estatus de Protección Temporal y la Salida Forzada Diferida, los trabajadores agrícolas migrantes y los trabajadores esenciales indocumentados- merecen un alivio", insistió el obispo.
"Como Iglesia, reconocemos la dignidad inherente, dada por Dios, de toda persona humana, independientemente de su estatus migratorio. Por lo tanto, seguiremos pidiendo una reforma migratoria integral que preserve la unidad familiar, honre el debido proceso, respete el estado de derecho, reconozca las contribuciones de los trabajadores nacidos en el extranjero, defienda a los vulnerables y aborde las causas fundamentales de la migración, en consonancia con el bien común", concluye la declaración.
Esta posición fue reiterada en un testimonio escrito presentado por el prelado para una audiencia celebrada ese mismo día por el Comité Judicial del Senado sobre la "Ley del Sueño y la Promesa Americana" de 2021, un esfuerzo bipartidista destinado a conceder a millones de jóvenes inmigrantes indocumentados -muchos de los cuales son estudiantes universitarios- un estatus legal y colocarlos en un camino hacia la ciudadanía.
El testimonio recuerda que los obispos católicos de Estados Unidos han apoyado durante mucho tiempo el alivio legislativo para los “dreamers”, así como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Salida Forzada Diferida (DED).
Señala que el trabajo de la Iglesia asistiendo y abogando en nombre de los migrantes y refugiados, "surge de la creencia cristiana central de que cada persona es creada a imagen de Dios y debe ser valorada" y recuerda que a lo largo de su pontificado el Papa Francisco ha hablado extensamente sobre el tema de la migración y el compromiso de la Iglesia Universal con un "nosotros" cada vez más amplio.
Por ello, en nombre de la USCCB, monseñor Dorsonville insta al Congreso de los Estados Unidos a prestar especial atención a los “dreamers” en el proceso de reforma y a garantizar que todos ellos tengan una protección legal permanente que incluya una vía expedita hacia la ciudadanía.
Una solución para los “dreamers es el camino moral y de sentido común", señala el prelado.
Según los obispos estadounidenses, es igualmente importante proporcionar un camino a la ciudadanía también para los titulares de TPS y DED. El TPS es un estatus temporal otorgado por las autoridades estadounidenses a los ciudadanos de algunos países designados afectados por conflictos armados o desastres naturales, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos, mientras que el DED es un beneficio autorizado a discreción del Presidente que permite a ciertas personas vivir y trabajar en Estados Unidos.
Además, la USCCB sostiene que la nueva legislación debe preservar las protecciones existentes para los niños no acompañados y los solicitantes de asilo, "ya que estas protecciones ayudan a prevenir el tráfico y el abuso, así como a garantizar el acceso a una atención adecuada y al debido proceso", señala el testimonio.
Los obispos también piden al Congreso que se asegure de que cualquier solución para los “dreamers” y los beneficiarios del TPS/DED, como mínimo, mantenga las vías existentes para la inmigración basada en la familia y la diversidad.
Eliminar o reducir estas vías, dicen, sería inconsistente con los valores de la sociedad estadounidense "y fomentaría los flujos irregulares de migración de personas desesperadas por reunirse con miembros cercanos de la familia de los que han sido separados."
Por último, el obispo anima a todos los miembros del Congreso "a trabajar por soluciones humanas y justas" para esta cuestión.
"Como siempre, la Iglesia católica está dispuesta a trabajar con ustedes para lograr estos objetivos y seguirá siendo solidaria con nuestros hermanos y hermanas migrantes", concluye.
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