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June 23, 2023By Inés San Martín, OSV News
(OSV News) -- El gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua continúa sus ataques contra la Iglesia católica en junio, esta vez congelando las cuentas bancarias personales de sacerdotes de diversas diócesis del país, según una abogada nicaragüense en el exilio.
Esta decisión intempestiva se suma a una serie de acciones contra la Iglesia, que comenzaron en el 2018 pero que se han ido incrementando: un obispo se encuentra preso, más de una docena de sacerdotes, incluido el obispo auxiliar de Managua, fueron obligados al exilio, y las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas del país centroamericano.
El último atropello del régimen sandinista fue denunciado vía Twitter por la abogada nicaragüense en el exilio Martha Patricia Molina, quien expresó su preocupación por que esta medida "se extienda a más sacerdotes y laicos".
Molina aseguró en esta red social que cuando algunos sacerdotes de las Diócesis de Granada, Jinotega, Estelí y León intentan acceder a sus cuentas bancarias personales se encuentran con un mensaje que les advierte de que su "usuario está bloqueado".
La información fue confirmada, desde el anonimato, por algunos de los sacerdotes afectados por el bloqueo al diario nicaragüense La Prensa. Por el momento, el banco no se ha pronunciado respecto a las restricciones denunciadas.
Desde la violenta represión en 2018 por parte del gobierno a las protestas pacíficas, Molina ha contabilizado 529 ataques del régimen de Ortega contra la Iglesia. La abogada hizo pública esta información en el informe "Nicaragua, ¿Una Iglesia perseguida?" en el primer trimestre de este año. Del total, 90 ataques se han producido este 2023.
Esta acción del régimen de Ortega se suma a la del pasado 27 de mayo cuando congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense. La congelación de las cuentas bancarias complica los ministerios eclesiásticos y el mantenimiento de las parroquias.
Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a la agencia EFE fuentes religiosas.
Molina también publicó en Twitter capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.
"Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo", "Su transferencia no ha podido realizarse", "Cuenta no válida", son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.
Según reportes de varios medios, Molina también dijo que el Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II, ubicado en la Diócesis de Bluefields, tuvo que parar sus actividades por la falta de fondos, después de que el gobierno bloqueara las cuentas bancarias.
En marzo, el gobierno canceló las actividades de Caritas, la agencia de ayuda ligada a la Santa Sede. A los pocos días, el Papa Francisco pronunció sus palabras más críticas contra el régimen en años, diciendo al periódico argentino Infobae: "Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras".
Acto seguido, el gobierno de Ortega suspendió unilateralmente las relaciones diplomáticas con el Vaticano, que ya eran débiles luego de que Nicaragua declarara al nuncio apostólico persona non grata el año anterior.
Este 21 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, reportó que desde marzo, además de la persecución contra la Iglesia, se ha cancelado la personalidad jurídica a un total de 119 organizaciones de la sociedad civil y 8 universidades. También detalló el hostigamiento y ataques a pueblos indígenas, en los que murieron por lo menos seis personas. Voces críticas continúan siendo silenciadas, dijo el reporte, agregando que en abril y mayo "se produjeron nuevas oleadas de privaciones arbitrarias de libertad," entre ellas de defensores de los derechos humanos, periodistas, miembros del movimiento campesino, opositores políticos y personas vinculadas a la Iglesia Católica.
"Reitero mi llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que restablezcan un diálogo significativo con nuestra Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas", dijo Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos. "Para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sus compromisos voluntarios de garantizar que todos los y las nicaragüenses puedan disfrutar de sus derechos humanos".