Search
-
September 1, 2022MADRID, España (CNS) -- La Conferencia Episcopal Española criticó un proyecto de ley respaldado por el gobierno que permitiría a mujeres de 16 años o más abortar sin el conocimiento o consentimiento de los padres e impondría multas e inhabilitaciones por objetar al personal médico.
"El aborto nunca es un derecho", expresó en un tuit el arzobispo Luis Argüello García, secretario general y portavoz de los obispos. "Esta nueva ley de aborto suprime la información previa y la reflexión, que son imprescindibles para tomar una decisión tan grave. Todo es sintomático de una forma de gobernar".
El gobierno español presentó el proyecto de "Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva" el 30 de agosto a las Cortes de España o cámara baja. El proyecto de ley eliminaría un período de reflexión obligatorio de tres días para las mujeres y el requisito de obtener "información que apoye la maternidad" y facilitaría el acceso a la anticoncepción y la educación sexual. También borraría los abortos de los registros médicos después de cinco años.
Al defender la medida el 30 de agosto, la ministra española de Igualdad, Irene Montero, dijo que sería "una medida fundamental de la democracia" al proteger "los derechos de la mitad de la población".
La ministra de 34 años pronosticó que la ley sería aprobada en diciembre, junto con una ley respaldada por el gobierno sobre los derechos LGBT, que permitiría a las personas mayores de 16 años cambiar su género en el registro civil a través de una simple declaración judicial.
En cuanto al aborto, el arzobispo Argüello dijo que España no podía permitirse "imponer una voluntad de poder" sobre una vida "frágil y vulnerable".
"En una situación de invierno demográfico, cuando los avances de la ciencia permiten afirmar inequívocamente que ha comenzado una nueva vida, es francamente atroz proponer el aborto como un derecho y tratar de resolver los conflictos derivados aniquilando a los más débiles", señaló el secretario general de la conferencia de obispos en una entrevista separada el 30 de agosto con la radio arquidiocesana de Valladolid.
El aborto se legalizó en España en 1985 y, en 2010, se modificó la ley, permitiendo el aborto libre hasta las 14 semanas, con interrupciones permitidas hasta las 22 semanas en casos de "grave riesgo" para la "vida o la salud" de la madre.
La última disputa sobre el aborto pareció contradecir una promesa del 27 de agosto de Félix Bolaños, el ministro que coordina las relaciones entre el gobierno y el parlamento, de una "relación cordial con la Iglesia Católica, basada en la colaboración y el diálogo".
Encabezando la delegación oficial de España a la elevación de un nuevo cardenal español, el arzobispo Fernando Vérgez Alzaga, en un consistorio de Roma, Bolaños dijo a los periodistas que la iglesia y el gobierno estaban "haciendo un esfuerzo para acercarse y encontrar un equilibrio", y predijo que los acuerdos ahora están cerca sobre una variedad de temas "después de un trabajo y negociación discretos".
Activistas católicos dijeron que rezarían afuera de clínicas de aborto durante el festival "Días por la Vida" del 10 al 11 de septiembre, desafiando una ley de abril que penaliza la obstaculización del acceso "a través de actos molestos, ofensivos, intimidatorios, o coercitivos que socavan la libertad de una mujer".