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January 14, 2023Por Barbara Fraser
LIMA, Perú (OSV News) -- Los obispos de Perú han pedido al gobierno del país que detenga la violencia que cobró al menos 18 vidas en las protestas antigubernamentales del 9 al 10 de enero y ha dejado más de 40 muertos y cientos de heridos desde principios de diciembre.
Tras expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos y prometer acompañamiento pastoral para los heridos, los obispos -- en un mensaje emitido el 9 de enero -- escribieron que las muertes fueron consecuencia de la "distorsión del derecho a la protesta", en la que la gente "recurrió a la ilegalidad", combinado con el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad.
El brutal enfrentamiento del 9 de enero ocurrió cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, una ciudad de alrededor de 280,000 habitantes que se encuentra a 3,824 metros de altura en el sur del altiplano peruano, cerca de la frontera con Bolivia.
Los videos que circulan en las redes sociales muestran a víctimas civiles llegando al hospital local en ambulancias, una moto taxi y una carretilla. Más tarde, los manifestantes prendieron fuego a un coche de policía, quemando vivo a un oficial e hiriendo a otro.
El 10 de enero, los obispos escribieron: "No podemos regresar a las épocas oscuras del terror que enlutaron a nuestro país durante 20 años", en referencia a la violencia política de los años 80 y 90. "Esta situación merece el enérgico y contundente rechazo de todos", agregaron, reafirmando "con mucha urgencia" un llamado al cese de la violencia por parte de los grupos contendientes.
Las protestas comenzaron a principios de diciembre, cuando el Congreso Nacional acusó al entonces presidente Pedro Castillo después de que anunciara que cerraría el Congreso y gobernaría por decreto. Al no recibir apoyo de los militares, Castillo intentó refugiarse en la Embajada de México, pero fue arrestado y encarcelado. Su esposa e hija recibieron asilo en México.
Esos eventos del 7 de diciembre fueron un final tumultuoso para una presidencia de casi 18 meses para Castillo, un maestro y agricultor de la región norteña de Cajamarca, en Perú, sin experiencia en el gobierno, que se postuló en la boleta de un partido de izquierda. Su mandato se vio empañado por constantes acusaciones de corrupción y una puerta giratoria de más de 70 ministros del gobierno.
Después de la destitución de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia y convocó elecciones para abril de 2024. Aunque se postuló en la misma boleta que Castillo, Boluarte se había distanciado del presidente y fue expulsada de su partido Perú Libre en enero de 2022.
Los analistas han señalado que, sin un bloque en el Congreso que la apoyara, Boluarte recurrió a la policía y al ejército cuando estallaron las protestas, especialmente a lo largo de la carretera costera y en las regiones andinas donde Castillo tenía un apoyo sustancial.
En las manifestaciones que comenzaron después de la destitución de Castillo y continuaron casi hasta Navidad, la policía usó gases lacrimógenos y disparó contra los manifestantes que habían bloqueado carreteras clave e intentaron tomar aeropuertos en varias ciudades.
Después de una pausa durante las vacaciones, las protestas se reanudaron el 4 de enero. Juliaca ha visto los enfrentamientos más violentos, pero la Defensoría del Pueblo del gobierno informó manifestaciones en 24 provincias, huelgas en siete de ellas y bloqueos de carreteras en 16 provincias registradas al 10 de enero.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, la celebración de elecciones este año y una asamblea constituyente para reescribir la constitución de Perú, que fue reescrita por última vez en 1993, después de que el entonces presidente Alberto Fujimori tomara el poder en una medida similar a la que intentó Castillo.
Boluarte ha dicho que su renuncia no resolverá los problemas del país y que ve a su administración como un gobierno de transición.
En su mensaje del 9 de enero, los obispos, que iniciaron su retiro y asamblea semestral el 11 de enero, dijeron que el país debe "identificar los ‘justos reclamos’ de la sociedad mediante un diálogo racional”. Y pidieron no permitir que se "destruya” el país "por las propias acciones".
Hicieron un llamado al Gobierno a "detener, urgentemente, la violencia y las muertes vengan de donde vengan", que las autoridades judiciales investiguen los homicidios y sancionen a los responsables, y que el Congreso "tome las decisiones que exige" la situación".
Concluyeron: “Caminemos juntos para construir la paz en nuestro querido Perú”.