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December 9, 2022Por Barbara Fraser, Catholic News Service
LIMA, Perú (CNS) -- Los obispos de Perú hicieron un llamado a la unidad nacional e instaron a los ciudadanos a defender la democracia y el estado de derecho cuando el presidente cerró el Congreso y posteriormente fue acusado y arrestado.
En un comunicado del 7 de diciembre, la conferencia episcopal dijo que "rechaza enfática y absolutamente la ruptura del orden constitucional. La defensa de la democracia es un derecho y un deber moral de los pueblos y ciudadanos".
Los obispos también llamaron a las instituciones del Estado a "proteger y salvaguardar la democracia" y a garantizar, preservar y restablecer el "orden público y constitucional".
La breve declaración se produjo en medio de una crisis política que se desarrolló rápidamente y que comenzó cuando el presidente Pedro Castillo anunció que cerraría el Congreso nacional, instituiría un "gobierno de excepción" que gobernaría por decreto y convocaría a elecciones para una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.
Su anuncio se produjo solo unas horas antes de que el Congreso votara sobre su destitución. Dos votos antes del juicio político no lograron obtener la mayoría necesaria de dos tercios, o 87 votos.
Tras su anuncio, los ministros del gabinete renunciaron y los miembros del poder judicial se pronunciaron en contra de la medida, al igual que la Defensoría del Pueblo gubernamental y varias organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rompieron el silencio con un comunicado en el que decían que defenderían el orden constitucional y pedían calma.
Mientras tanto, el Congreso siguió adelante con la votación de juicio político, con un recuento de 101 a favor, incluidos algunos del propio partido de Castillo, seis en contra y 10 abstenciones. Castillo fue arrestado después de que él y su familia huyeron del palacio presidencial.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el puesto de presidente, convirtiéndose en la primera jefa de estado de Perú y una des seis presidentes que el país ha tenido desde 2018, incluidos tres en una semana en diciembre del 2020. Todos los expresidentes vivos del país han sido acusados o están bajo investigación por corrupción.
La medida de Castillo recordó el golpe institucional del expresidente Alberto Fujimori en abril de 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. En ese momento, Perú estaba convulsionado por la violencia política y su acción, que fue respaldada por las fuerzas armadas, contó con un amplio apoyo público.
Pero Castillo, un agricultor y maestro de la región norteña de Cajamarca, en Perú, que no tenía experiencia en el gobierno antes de asumir el cargo en julio de 2021, había visto caer su índice de aprobación de 40 % en septiembre de 2021 a 25 % en octubre de este año, y carecía de apoyo militar en su intento de golpe institucional.
Los fiscales lo han acusado de encabezar una organización criminal que se beneficiaba de contratos gubernamentales, y su administración ha sido inestable, con cinco jefes de gabinete en apenas 18 meses y una rotación constante de ministros y viceministros. Castillo, a su vez, ha acusado a los críticos de tener prejuicios contra él debido a sus antecedentes.
Tras ser juramentada, Boluarte pidió unidad y diálogo entre los grupos políticos del país y se comprometió a luchar en contra de la corrupción, defender a "los excluidos" y sacar adelante las propuestas de reformas políticas que languidecen en el Congreso.
Horas antes, en su declaración, los obispos pidieron algo parecido.
"En este momento tan difícil para el país, hacemos un llamado a la unidad nacional, a mantener la calma y poner fin a cualquier forma de violencia o menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos", escribieron.