Obispos se enfrentan en declaraciones contradictorias sobre la democracia en Perú

(OSV News) -- La presidencia de la conferencia episcopal de Perú se ha distanciado de las graves advertencias de una comisión episcopal sobre la democracia.

La Comisión Episcopal de Acción Social de los obispos peruanos (CEAS) recientemente hizo una advertencia sobre un deterioro democrático tan severo en el país sudamericano, diciendo que "ya no podemos llamar al Perú un país democrático, donde se respeta la dignidad de las personas".

Sin embargo, el presidente y el vicepresidente de la conferencia episcopal dijeron en una declaración del 12 de julio que la afirmación de la comisión "no refleja el pensamiento de los Obispos".

El arzobispo Héctor Miguel Cabrejos Vidarte de Trujillo es presidente de la conferencia y el obispo Carlos Enrique García Camader de Lurín es el vicepresidente.

Una declaración sin firma publicada en los medios sociales, por el arzobispo Cabrejos dijo que el pronunciamiento de la comisión de acción social la declaración de CEAS "no ha sido coordinada con la Presidencia de la Conferencia Episcopal".

"La Conferencia Episcopal Peruana en la línea de lo expresado en (declaraciones anteriores)", continuó, "ciertamente quiere un Perú que viva una plena democracia y respeto de la dignidad humana en todos los niveles, donde juntos fortalezcamos y promovamos una cultura de la legalidad, la solidaridad social y el bien común, donde construyamos un Perú en fraternidad y con esperanza".

Las declaraciones contradictorias, que recibieron amplia atención de los medios, aludieron a un desacuerdo en la conferencia episcopal peruana en medio de un profundo descontento social por la gobernanza en el país, donde el desprecio por la clase política es profundo, según encuestas de aprobación. La conferencia de obispos peruanos no respondió de inmediato a una consulta en busca de comentarios.

CEAS dijo en su declaración del 8 de julio que se sumaba a los objetivos previamente declarados por la conferencia episcopal de crear una cultura de la legalidad, el bien común y la solidaridad en el Perú, esbozados en una declaración del 26 de junio.

La declaración de la comisión expresó consternación por la supresión de la separación de poderes en Perú, el aumento de la pobreza y la aprobación por parte del Congreso, el 6 de junio, de una ley de amnistía por crímenes contra la humanidad cometidos por militares antes de 2002. El período cubierto por la ley incluye una época de terrorismo y conflictos internos, cuando los soldados reprimieron la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso.

El presidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante la década de 1990, fue condenado en 2009 por cargos de corrupción y ordenar masacres y sentenciado a 25 años de prisión. Fue indultado en 2017 por "razones humanitarias", en lo que la revista The Economist describió como un probable "acuerdo político sucio", y puesto en libertad en 2023. Keiko Fujimori, tres veces candidata presidencial y una política influyente, dijo el 14 de julio que su padre, que ahora tiene 85 años y lucha contra el cáncer, se postularía nuevamente para presidente en 2026.

"Nos indignan las grandes sombras que cubren a nuestra querida patria por los intereses particulares de grupos y personas que buscando su propio beneficio destruyen la democracia y las instituciones, vulneran los derechos humanos, la dignidad humana y de nuestra nación y desconocen el Estado de derecho", dijo la declaración de la comisión.

Las encuestas en Perú muestran una profunda desaprobación pública hacia los políticos. Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos encontró que el 94% de los encuestados desaprueba el Congreso, mientras que la presidenta Dina Boluarte tenía un índice de desaprobación del 90%.

"El Congreso peruano, profundamente impopular, está desmantelando los controles, reescribiendo las normas constitucionales y restringiendo la independencia de los reguladores y del poder judicial a una velocidad alarmante", dijo a OSV News Will Freeman, investigador de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Intentos similares de debilitar estos "controles" -- incluidos ataques al poder judicial, las autoridades electorales y otras instituciones autónomas -- están ocurriendo en otros países latinoamericanos como México y El Salvador, pero han sido "respaldados por un inmenso apoyo popular", dijo Freeman. "Lo que distingue al rápido retroceso del Perú es que ni siquiera se produce por demanda popular", afirmó el experto.