(OSV News) -- Un proyecto de ley en Florida que, según sus partidarios, tomaría medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en el estado del sol ha despertado la preocupación de algunos líderes religiosos de que podría criminalizar algunos ministerios que atienden a la población migrante del estado. La legislación se produce al tiempo que se espera que el gobernador Ron DeSantis lance pronto su candidatura para la nominación republicana en 2024.
La legislatura de Florida está considerando un paquete de medidas de inmigración de amplio alcance que buscaría frenar la inmigración ilegal en el estado. Parte de ese paquete, el Proyecto de Ley del Senado 1718 (SB 1718), convertiría en delito grave albergar o transportar inmigrantes sin estatus legal hacia o dentro de Florida, entre otras medidas como la prohibición de contratarlos o exigir a los hospitales que pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio.
Se considera que es probable que el proyecto de ley sea aprobado por la legislatura de Florida, donde las mayorías republicanas controlan ambas cámaras. DeSantis ha respaldado la legislación. Su oficina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones que las comunidades religiosas del estado tienen sobre el proyecto de ley.
Los católicos y otras comunidades religiosas en Florida han expresado su preocupación de que el proyecto de ley podría poner en peligro algunos de sus ministerios, incluidos los aventones a los servicios de la iglesia o a los ministerios que sirven a los vulnerables sin tener en cuenta el estado migratorio, como comedores populares y alojamiento en refugios para personas sin hogar. Los pastores protestantes en el estado le dijeron a Christianity Today en abril que el proyecto de ley tiene implicaciones en la libertad religiosa, ya que convertiría en una felonía de tercer grado "transportar hacia este estado o dentro de él a una persona, si sabe o razonablemente debería saber, que la persona ha ingresado a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su ingreso ilegal".
El catecismo de la Iglesia Católica afirma que mientras un país tiene derecho a regular sus fronteras en aras del bien común, las naciones más prósperas "tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen" (n. 2241). En Mateo 25, Cristo llama a sus seguidores a dar la bienvenida al extranjero, un llamado que los defensores católicos dicen que es pertinente para su trabajo de ministrar a los inmigrantes.
Michele Taylor, directora asociada de comunicaciones de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, dijo a OSV News que "si bien los partidarios del proyecto de ley están preocupados con razón por la inacción en la política de inmigración a nivel federal, el proyecto de ley crea un gran daño al prohibir actividades que benefician a la sociedad y ayudan a los miembros vulnerables de nuestras comunidades".
"La legislación sería perjudicial para las familias y los ciudadanos, incluidas las familias con estatus migratorio mixto, que de repente no pueden llevar a un amigo, vecino o ser querido a la iglesia, al supermercado o al médico sin correr el riesgo de ser encarcelados", dijo Taylor. "Esencialmente criminaliza el llamado cristiano a la caridad y al servicio, a amar a nuestro prójimo y a servir a los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas".
Los efectos perjudiciales del proyecto de ley, dijo Taylor, serían de "gran alcance", incluso para la economía del estado.
Los defensores del proyecto de ley describen esa disposición como un esfuerzo contra la trata. DeSantis también ha presentado la medida como una respuesta a lo que él y otros republicanos han caracterizado como una respuesta laxa a la inmigración ilegal por parte del presidente Joe Biden. Si DeSantis ingresa a las primarias republicanas y gana la nominación, los dos católicos serían rivales en las elecciones generales, ya que se espera que Biden busque un segundo mandato.
En declaraciones a los periodistas en febrero, cuando se dio a conocer el proyecto de ley, DeSantis dijo: "La Florida continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o aquellos que estén aquí legalmente".
Los críticos del proyecto de ley también dicen que podría tener implicaciones negativas para la economía del estado y para la capacidad de los inmigrantes indocumentados de mantener a sus familias. En su sitio web, la American Civil Liberties de Florida dijo que el proyecto de ley criminalizaría a los floridanos "que albergan, apoyan y brindan transporte a inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que se han quedado más tiempo del límite de su visa o que han vivido en Florida durante décadas y tienen hijos nacidos en Estados Unidos".