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April 28, 2023Por Gina Christian, OSV News
(OSV News) -- La Iglesia Católica en Estados Unidos ha hecho avances en las últimas dos décadas en la lucha contra el abuso sexual contra menores dentro de la Iglesia, pero sólo ha comenzado a abordar la vulnerabilidad de los adultos a los abusos sexuales por parte del clero, religiosos y líderes laicos, dijeron expertos a OSV News.
"Hemos logrado mucho en el ámbito de la creación de entornos seguros", dijo Suzanne Healy, presidenta de la Junta Nacional de Revisión de la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos, un grupo de laicos que asesora a los obispos sobre la prevención de los abusos sexuales a menores.
Al mismo tiempo, "todavía queda mucho trabajo por hacer" para extender las salvaguardias a adultos, dijo Healy, terapeuta matrimonial y familiar licenciada que trabajó como coordinadora de asistencia a las víctimas en la Arquidiócesis de Los Ángeles de 2007 a 2016.
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En la actualidad, dos documentos clave establecen amplios protocolos para la respuesta de la Iglesia Católica en Estados Unidos a los abusos sexuales cometidos por su clero, religiosos y otros líderes pastorales.
En 2002, al surgir una serie de escándalos de abusos clericales, los obispos católicos estadounidenses pusieron en marcha la "Carta para la protección de niños y jóvenes" ("Charter for the Protection of Children and Young People"). El documento -- comúnmente denominado Carta de Dallas o Dallas Charter -- establece un amplio conjunto de procedimientos para abordar las acusaciones de abusos sexuales a menores por parte del clero católico. La Carta también incluye directrices para la reconciliación, la sanación, la rendición de cuentas y la prevención de los abusos.
Un año después de la revisión más reciente de la carta en 2018, el papa Francisco emitió el motu proprio "Vox Estis Lux Mundi" ("Vosotros sois la luz del mundo"), que esboza los procedimientos legales globales sobre cómo la Iglesia debe abordar el abuso sexual del clero, incluidos los procedimientos para investigar a los obispos.
El documento, implementado por un período experimental de tres años a partir del 1 de junio de 2019, incluyó el término "persona vulnerable", definido como "cualquier persona en un estado de enfermedad, deficiencia física o mental, o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limita su capacidad de comprender o querer o resistirse de otra manera a la ofensa".
El 25 de marzo, el Papa Francisco publicó una versión actualizada con el término específico "adultos vulnerables", sin alterar la definición anterior. El texto revisado también se amplió para incluir investigaciones de líderes de asociaciones y movimientos laicos católicos internacionales reconocidos por el Vaticano.
La protección de los adultos vulnerables representa "una nueva frontera" para la Iglesia Católica, dijo el diácono Bernard Nojadera, director ejecutivo del Secretariado para la Protección de la Infancia y la Juventud de la USCCB.
"El panorama cambia continuamente", dijo a OSV News. "Estás viendo temas como las diferencias de poder entre los adultos, las relaciones de aquellos que están en posiciones de autoridad, las responsabilidades de crear límites para que las relaciones que se desarrollen sean sanas y santas".
El asesoramiento pastoral y la dirección espiritual son áreas de especial preocupación en las que los adultos son vulnerables, explicó el diácono Nojadera.
Los profesionales de consejería son conscientes de la posibilidad de que las debilidades humanas de ambas partes descarrilen las interacciones apropiadas -- una dinámica conocida como "transferencia y contratransferencia", explicó el diácono Nojadera -- con el cliente y el consejero estando en riesgo de proyectar necesidades insatisfechas el uno sobre el otro. Sin embargo, subrayó el diácono Nojadera, "el consejero o director tiene que establecer ese límite, independientemente del adulto vulnerable".
En Estados Unidos, los consejeros y terapeutas profesionales se enfrentan a sanciones penales y civiles por sexualizar una relación con un paciente; cada vez más jurisdicciones estatales están actualizando las leyes para incluir explícitamente también al clero.
En enero de 2018, el entonces padre Jacob Bertrand, de la Diócesis de San Diego, fue condenado bajo una ley del estado de Minnesota por abusar sexualmente de una mujer que se puso bajo su cuidado espiritual.
Según The San Diego Union-Tribune, las "conversaciones sagradas" de Bertrand condujeron a una relación sexual que él le dijo a su víctima que era "el segundo sacrificio más sagrado después de Jesús y María en el Calvario".
Muchas jurisdicciones eclesiásticas aún no han adoptado la norma establecida por el arzobispo Charles Scicluna, figura clave en la lucha de la Iglesia contra los abusos sexuales del clero, para la Provincia Eclesiástica de Malta. El arzobispo de Malta también es secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Esas directivas de 2014 dejan claro que el contacto sexual o el comportamiento sexualizado entre un "funcionario pastoral" (incluido cualquier obispo, clérigo, religioso o laico) y adultos en una relación pastoral "se considera siempre abusivo, ya sea con o sin consentimiento".
De forma similar a la ley de Minnesota, las directivas maltesas de 2014 reconocen que el clero es responsable de mantener los límites en sus relaciones pastorales, y prohíben una defensa alegando que la relación sexual fue consentida.
La presentación de informes y el intercambio de información con respecto a las denuncias de abuso sexual de adultos dentro de la Iglesia siguen siendo inconsistentes y a menudo turbios, dijo Kathy Kane, editora de Catholics4Change, que se describe a sí mismo como un "blog de responsabilidad" centrado en cuestiones de protección de la infancia en la Iglesia Católica.
Sara Larson, directora ejecutiva de AWAKE Milwaukee, una organización independiente sin fines de lucro que apoya a aquellos que han sufrido abuso sexual dentro de la Iglesia Católica dijo algo parecido.
"Sabemos que ha habido una serie de investigaciones en el marco de las normas 'Vos Estis', pero todavía hay muy poca transparencia, incluso sobre qué investigaciones están en curso, y cuáles son los resultados de las ya finalizadas", le dijo a OSV News. "La realidad es que ha habido algunos avances positivos en términos de responsabilidad de los obispos, pero todavía tenemos un sistema en el que estamos pidiendo a los obispos que vigilen a otros obispos, específicamente a aquellos que se encuentran cerca de ellos y a menudo tienen relaciones personales con ellos. Ese es un sistema que en sí mismo carece del tipo de transparencia y responsabilidad que necesitamos".
"He oído hablar anecdóticamente de casos en los que los sacerdotes ... que se enfrentan a acusaciones de abuso de adultos son retirados con una explicación falsa dada a sus parroquias por su ausencia", agregó Larson. "Simplemente se les da una 'baja médica' o se les traslada a otra parroquia sin ninguna explicación".
Tanto Larson como Kane citaron casos en los que sacerdotes investigados por presuntos abusos sexuales a adultos han continuado en su ministerio con carácter público. Larson señaló la preocupación por el padre jesuita Marko Rupnik, acusado de abusar de religiosas, pero del que los medios de comunicación italianos informaron en marzo que había concelebrado una misa en Roma que, aunque ostensiblemente privada, estaba sin embargo abierta al público.
Kane señaló el caso del ex sacerdote de Filadelfia Kevin McGoldrick, ahora acusado, junto con la Arquidiócesis de Filadelfia, en una demanda civil presentada el 18 de abril por "Jane Doe", que afirma que McGoldrick abusó de ella y la violó durante su mandato como capellán en el Aquinas College de Nashville, Tennessee.
Incluso después de que Doe informara a la archidiócesis de Filadelfia de los presuntos abusos, McGoldrick -- un cantautor -- apareció en un festival de música familiar en la Diócesis de Duluth, Minnesota.
"Cuando se tiene a un hombre en el escenario de un festival de música, cantando la canción de 'Plaza Sésamo' mientras está siendo investigado por la presunta agresión a una estudiante universitaria, ¿cómo se puede avanzar?", preguntó Kane.
Una base de datos nacional que rastree los informes de investigaciones de abusos y sus resultados en la Iglesia católica de todo EE.UU. podría ayudar a las diócesis y otras entidades católicas a ser conscientes de las señales de alarma sobre el clero, los religiosos o los líderes laicos de fuera de su jurisdicción, en particular aquellos que pueden tener responsabilidades o funciones en múltiples organizaciones.
Mike McDonnell, director de comunicaciones de SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), dijo a OSV News que una base de datos nacional aumentaría enormemente la transparencia, al tiempo que mejoraría la protección tanto de menores como de adultos.
"Una base de datos nacional mantenida por la USCCB, con la supervisión de un tercero, sería absolutamente una gran herramienta", dijo.
"Cada diócesis tendría entonces la oportunidad de decir: 'No podemos tomar a este clérigo o profesional, porque vemos que hubo informes de preocupaciones en la diócesis de origen'".
Prevenir y abordar los abusos, garantizando al mismo tiempo la sanación y la afirmación de los sobrevivientes, es una tarea de todos los católicos, dijo Healy.
"Esto no es sólo cosa de los obispos o de las personas que trabajan en la diócesis", dijo. "Toda la Iglesia necesita estar abierta a este trabajo, ayudando a crear y adherirse a las políticas, diciendo algo cuando se ve que algo va mal, y ayudando a los sobrevivientes a sanar creyéndoles, afirmándoles y acompañándoles".
