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January 26, 2021Por David Agren
Catholic News Service
MATAMOROS, México (CNS) -- Idalia Reyes recuerda la desesperación que la empujó a buscar a coyotes para que llevaran a sus niños a los Estados Unidos. Reyes y sus hijos vivían en un campamento de tiendas de campaña en la rivera del Rio Grande, donde aguantaban crimen, rachas de frío y plagas de insectos y serpientes.
Después de que sus niños, de 7 y 4 años, sufrieran un ataque de pústulas, buscó a los coyotes que cruzaron a los niños por el río durante la medianoche al lado de los Estados Unidos. Los niños enseguida se entregaron a los oficiales de inmigración y se reunieron con su padre, que ya residía en Estados Unidos con un hijo mayor.
"Es difícil ver sufrir a tus hijos," recordaba Reyes durante una noche lluviosa en el campamento. "Por eso decidí mandarlos a cruzar el río".
A pesar de las dificultades de seguir en el campamento y de extrañar desesperadamente a sus hijos, Reyes habló con cierta esperanza de reunirse con su familia. Citó una sencilla razón: el presidente Joe Biden, quien prometió un giro total en las políticas de inmigración y asilo de los Estados Unidos.
"Nosotros teníamos la esperanza puesta en Joe Biden porque él lo había dicho que nos iba a ayudar y nosotros queríamos que él ganara", dijo Reyes.
Reyes está todavía varada en Matamoros—al otro lado de Brownsville, Texas—como parte de los Protocolos de Protección de Migrantes, que obligan a quienes buscan asilo a esperar en México a que se escuche su caso en los tribunales de los Estados Unidos. Biden ha prometido retirar los protocolos y anunció que los nuevos participantes no se inscribirían después del 21 de enero, aunque pocas personas estaban siendo procesadas debido a las restricciones de entrada puestas en vigor durante la pandemia de COVID-19.
Los detalles de lo que va a ocurrir ahora con personas que buscan asilo todavía no están claros, y muchos aún tienen citas en cortes estadounidenses, que se han ido posponiendo repetidamente durante la pandemia.
Los católicos que trabajan con los participantes en los programas, los exhortan a seguir teniendo paciencia. Algunos están animando a la administración Biden a ir clausurando el programa, que describen como "injusto" y diseñado para desanimar a los que solicitan asilo.
"Deberían eliminarlo. No tiene sentido para nadie", dijo el padre escalabriniano Pat Murphy, director de un albergue para migrantes en Tijuana. "Lo más pronto posible sería bueno comenzar un proceso de asilo que sea justo después de tantos años de injusticia de parte de la administración de Trump".
A pesar de la escasez de detalles, la prospectiva de un cambio total bajo una nueva administración en Estados Unidos ha elevado los ánimos de los solicitantes de asilo que están varados en ciudades mexicanas inseguras a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México.
"Biden es su esperanza", dijo Juan Sierra, un voluntario laico del ministerio migratorio de la diócesis de Matamoros.
Añadiendo a las esperanzas, dijo que la primera dama Jill Biden visitó el campamento en diciembre de 2019 y les sirvió el almuerzo.
Sierra y la diócesis local – junto con voluntarios, en su mayoría de los Estados Unidos – han asistido al campamento, que en un momento albergaba a unos 3,000 solicitantes de asilo. La población ha disminuido a unos 700, a medida que las personas encontraron otros alojamientos, solicitaron asilo en México, regresaron a sus países de origen, o se arriesgaron a cruzar el Rio Grande, según dicen los voluntarios.
En entrevistas, los residentes afirmaron que grupos criminales se habían infiltrado en el campamento y cobraban $500 por un permiso para cruzar el río. Los activistas en otras partes de la frontera informan de situaciones parecidas de control mafioso y de desesperación por parte de los solicitantes de asilo.
"Mucha gente, en su desesperación, van al río y tratan de cruzarlo. Pero muchos se ahogan", dijo el hermano dominico Obed Cuéllar, director del albergue diocesano en Piedras Negras, al otro lado de Eagle Pass, Texas.
El hermano Cuéllar, dos hermanas franciscanas y un trabajador social han tratado de ayudar a los solicitantes de asilo en Piedras Negras, pero encontraron resistencia. El gobierno local cerró el albergue migrante diocesano al principio de la pandemia y más tarde prohibió que dieran comida caliente para llevar.
"Es una situación muy difícil para el albergue porque se nos está prohibiendo hacer la caridad", dijo.
Para el hermano Cuéllar, la situación refleja una corriente más amplia en México: las poblaciones locales muestran un escaso interés en el problema de los solicitantes de asilo y las promesas incumplidas del gobierno federal.
"El gobierno mexicano no cumplió con lo que prometió al recibir a los migrantes aquí. No se les da acceso al doctor, a la salud, no se les dan trabajos, o si se les dan trabajo, pues mal pagados", dijo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha disputado las acusaciones de que se esté tratando mal a los migrantes, diciendo en diciembre: "Hemos respetado a los migrantes. No ha habido violaciones de sus derechos humanos", según la agencia de noticias The Associated Press.
El hermano Cuéllar va regularmente a visitar a los solicitantes de asilo, llevando comida—cuando hay donativos—y, durante una semana de frío en enero, mantas.
En una casa de paso llena de migrantes y solicitantes de asilo, respondió a preguntas en el patio, incluyendo una de una joven hondureña que preguntó sobre una "ley" que permitía la admisión de niños, un rumor que se ha extendido mucho por Centroamérica. El hermano Cuéllar les dijo que todo el mundo estaba siendo enviado de regreso, incluyendo a mujeres embarazadas, algunas de las cuales "esperan hasta que están de parto para tratar de cruzar". Los urgió a esperar hasta que haya más claridad por parte de la administración Biden.
El hermano Cuéllar también fue a chequear a una solicitante de asilo hondureña, María Teresa Álvarez, que se escapó después de que pandilleros mataran a su esposo por no pagar la extorsión y exigieron que su hija fuera la novia de ellos.
En México, Álvarez estaba pagando unos $200 mensuales por un cuarto con muy poca luz—compartido con su hija y un hijo de 21 años—y confesó que tenía preocupaciones de seguridad, ya que la policía en Piedras Negras tiene la reputación de extorsionar a los migrantes.
"Yo puedo regresar a mi país" dijo, "pero mi hija no puede."
Pero con el cambio de gobierno en Estados Unidos, confesó: "Estoy sintiendo un poco de esperanza. (Biden) dice que va a ayudar a la gente a pasar este proceso".
Sandro Hernández, de 21 años, afro-hondureño, viajó a México con una caravana en el 2019, y obtuvo una visa humanitaria para permanecer en México legalmente por un año. Expresó optimismo y un poco de exasperación: la policía lo detuvo, dijo, y le robó 2,000 pesos ($100).
Hernández había estado trabajando en una bodega en la ciudad de Saltillo, a 200 millas al sur, pero dejó su trabajo y fue hacia la frontera por la prospectiva de cambios de políticas de migración bajo Biden.
"Cuando escuché sobre Biden, vine para acá", dijo Hernández en las afueras de una ruidosa cantina donde trabajaba como vigilante. "Estoy buscando un futuro mejor. Espero poder ajustar mis documentos, como está diciendo el presidente de Estados Unidos".
