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January 29, 2025Por Maria Wiering, OSV News
(OSV News) -- El vicepresidente JD Vance cuestionó los motivos de las críticas de los obispos estadounidenses hacia las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump, que incluyen redadas en iglesias y escuelas, durante una entrevista el 26 de enero. Vance preguntó si los obispos podrían estar más preocupados por recibir fondos federales para el reasentamiento de inmigrantes y por "su resultado financiero".
"Creo que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, francamente, no ha sido un buen socio en la aplicación sensata de las leyes de inmigración por las que el pueblo estadounidense votó, y espero, nuevamente, como un católico devoto, que lo hagan mejor", expresó Vance en el programa Face the Nation de CBS.
En su primera entrevista como vicepresidente, la presentadora Margaret Brennan señaló que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (o USCCB, por sus siglas en inglés) había "condenado" las órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, emitidas por Trump, y preguntó a Vance: "¿Apoya personalmente la idea de realizar redadas o acciones de cumplimiento de la ley durante servicios religiosos o en escuelas?"
"Por supuesto, si se trata de una persona condenada por un crimen violento, ya sea un inmigrante ilegal o no, hay que detener a esa persona para proteger la seguridad pública. Eso no es exclusivo de la inmigración", respondió.
Sin embargo, Vance añadió: "Permítame abordar este tema en particular. Como católico practicante, me sentí profundamente entristecido por esa declaración. Creo que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos debería reflexionar y reconocer que, cuando reciben más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar inmigrantes ilegales, ¿están preocupados por cuestiones humanitarias o por su propio beneficio económico? Vamos a hacer cumplir la ley de inmigración. Vamos a proteger al pueblo estadounidense".
La USCCB es una de las 10 agencias nacionales de reasentamiento que reciben fondos federales y trabajan con organizaciones locales para asistir a poblaciones de refugiados que califican para recibir ayuda federal. Estas poblaciones incluyen personas reasentadas a través del Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, ciertos grupos de niños no ciudadanos vulnerables, y otras categorías, como víctimas de trata de personas y tortura.
Vance argumentó que, si la USCCB "está preocupada por los costos humanitarios de la aplicación de las leyes migratorias, deberían hablar sobre los niños que han sido víctimas de trata sexual debido a la frontera abierta de Joe Biden … que son brutalmente asesinados. Apoyo la aplicación de la ley contra criminales violentos, ya sean inmigrantes ilegales o cualquier otra persona, de una manera que nos mantenga seguros".
Vance defendió el cambio en las regulaciones federales de Trump que permiten a las fuerzas del orden actuar en escuelas e iglesias, afirmando que "se está fortaleciendo el cumplimiento de la ley en cualquier lugar para proteger a los estadounidenses".
El 21 de enero, la administración Trump anunció que rescindiría una política de larga data que impedía a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en lugares sensibles, como iglesias, escuelas, y hospitales en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta política contemplaba casos excepcionales que permitía a ICE realizar arrestos relacionados con la seguridad nacional o delitos graves, el arresto de individuos peligrosos, y otras consideraciones criminales especiales.
Cuando Brennan sugirió que este cambio podría "tener un efecto disuasorio … y hacer que las personas no envíen a sus hijos a la escuela", Vance replicó: "Espero sinceramente que tenga un efecto disuasorio … en los inmigrantes ilegales que entran a nuestro país".
Al ser cuestionado sobre si creía que la USCCB estaba "ocultando activamente a criminales de las fuerzas del orden", Vance no respondió directamente, pero reiteró que la organización "no ha sido un buen socio en la aplicación sensata de las leyes migratorias por las que el pueblo estadounidense votó".
En una declaración del 26 de enero sobre su trabajo con el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, la cual no nombraba a Vance, la USCCB decía: "Fiel a las enseñanzas de Jesucristo, la Iglesia Católica tiene una larga historia de servicio a los refugiados".
"En 1980, los obispos de Estados Unidos comenzaron a asociarse con el gobierno federal para llevar a cabo este servicio cuando el Congreso creó el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP)", dice el comunicado. "Cada persona reasentada a través del USRAP es examinada y aprobada para el programa por el gobierno federal mientras se encuentra fuera de Estados Unidos. En nuestros acuerdos con el gobierno, la USCCB recibe fondos para realizar este trabajo; sin embargo, estos fondos no son suficientes para cubrir todo el coste de estos programas. No obstante, ésta sigue siendo una obra de misericordia y un ministerio de la Iglesia".
Aunque los fondos que recibe la USCCB están limitados a la asistencia a poblaciones de refugiados calificados, y por ende para inmigrantes en Estados Unidos de manera legal, Vance acusó que los fondos se utilizan para "reasentar inmigrantes ilegales", repitiendo una retórica que ha usado previamente. Mientras hacía campaña, Vance señaló que no reconocía el estatus legal de ciertos grupos de inmigrantes que la administración Biden declaró elegibles para recibir el Estatus de Protección Temporal (o TPS, por sus en inglés).
Sin embargo, los beneficiarios del TPS no son elegibles para los fondos federales que recibe la USCCB para el reasentamiento de refugiados. Otras poblaciones inmigrantes que no son elegibles para la asistencia federal que recibe la USCCB incluyen a los migrantes que buscan asilo, los beneficiarios de parole humanitario, los inmigrantes basados en el empleo, los inmigrantes basados en la familia, los beneficiarios de DACA, y las personas apátridas.
La inmigración fue uno de los temas que Brennan abordó con Vance seis días después de que él y Trump juraran sus cargos. La primera semana de Trump incluyó una serie de órdenes ejecutivas, de las cuales algunas cumplían promesas de campaña para disuadir la inmigración ilegal y deportar a inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Antes del Día de la Inauguración, los obispos católicos y otros líderes expresaron su preocupación por los planes de Trump de permitir el acceso de las fuerzas de inmigración a lugares sensibles. El 22 de enero, el presidente de la USCCB, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, dijo en una declaración que algunas de las órdenes ejecutivas de Trump, incluidas las relacionadas con la inmigración, "son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros".
En una declaración separada del 22 de enero, el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la USCCB, se refirió específicamente a las órdenes de Trump sobre inmigración.
"La Iglesia católica está comprometida con la defensa de la santidad de toda vida humana y la dignidad dada por Dios a cada persona, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. La doctrina de la Iglesia reconoce el derecho y la responsabilidad de un país de promover el orden público, la seguridad y la protección a través de fronteras bien reguladas y límites justos a la inmigración", dijo.
"Sin embargo, como pastores, no podemos tolerar la injusticia, y hacemos hincapié en que el interés propio nacional no justifica políticas con consecuencias contrarias a la ley moral", continuó. "El uso de generalizaciones arrolladoras para denigrar a cualquier grupo, como describir a todos los inmigrantes indocumentados como 'criminales' o 'invasores', para privarles de la protección de la ley, es una afrenta a Dios, que nos ha creado a cada uno a su imagen y semejanza".
El obispo Seitz dijo que acogía con satisfacción el «énfasis en la lucha contra el tráfico» de Trump, pero que las órdenes ejecutivas del presidente «están específicamente destinadas a eviscerar las protecciones humanitarias consagradas en la ley federal y socavar el debido proceso, sometiendo a familias y niños vulnerables a un grave peligro.»
"Instamos al presidente Trump a que cambie estas políticas de sólo aplicación de la ley por soluciones justas y misericordiosas, trabajando de buena fe con los miembros del Congreso para lograr una reforma de la inmigración significativa y bipartidista que promueva el bien común con un sistema de inmigración eficaz y ordenado", dijo el obispo Seitz. "Mis hermanos obispos y yo apoyaremos esto de cualquier manera que podamos, mientras seguimos acompañando a nuestros hermanos y hermanas migrantes de acuerdo con el Evangelio de la Vida".
El obispo Seitz también firmó una declaración el 23 de enero con la hermana Mary Haddad, miembro de las Hermanas de la Misericordia de las Américas y presidenta y directora ejecutiva de Catholic Health Association of the United States, y Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA, en la que condenan las órdenes de Trump que permiten detenciones de inmigrantes en "áreas protegidas".
"Reconocemos la necesidad de una aplicación justa de la ley de inmigración y afirmamos la obligación del gobierno de llevarla a cabo de forma selectiva, proporcional y humana", dijeron. "Sin embargo, la aplicación de la ley de inmigración que no sea de emergencia en las escuelas, los lugares de culto, las agencias de servicios sociales, los centros de salud u otros entornos sensibles donde las personas reciben servicios esenciales sería contraria al bien común".
Según la USCCB, su Departamento de Servicios de Migración y Refugiados "es la agencia de reasentamiento de refugiados más grande del mundo". Los estados financieros auditados muestran que la USCCB recibió alrededor de 122.6 millones de dólares en 2022 y aproximadamente 129.6 millones de dólares en 2023 en fondos de agencias gubernamentales para servicios relacionados con refugiados. El sitio web del grupo indica que, en asociación con sus afiliados, "el Departamento de Migración y Refugiados de los Obispos Católicos de Estados Unidos reasienta aproximadamente el 18% de los refugiados que llegan a Estados Unidos cada año".
Los estados financieros explican que desde 1975, la USCCB ha firmado acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para asistir en el reasentamiento de refugiados y "para proporcionar servicios especializados a migrantes particularmente vulnerables, como menores no acompañados y víctimas de la trata de personas." Los fondos son proporcionados principalmente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.